La Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Seguridad y Defensa, advirtió que el desvío de municiones de existencias militares y policiales dominicanas hacia bandas armadas haitianas constituye una amenaza directa a la seguridad nacional y alertó sobre posibles vínculos o complicidades entre esas organizaciones criminales y sectores del Estado dominicano, lo que, según expresó, “vulnera los cimientos mismos del Estado”.
La posición fue presentada por el mayor general retirado Napoleón Terrero Figueroa, vicesecretario de Seguridad y Defensa de la organización, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.
Terrero Figueroa manifestó, en nombre de la FP, su profunda alarma ante las revelaciones del informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, identificado como S/2026/714 y fechado el 8 de septiembre de 2026, que, de acuerdo con la declaración, documenta el desvío de municiones dominicanas hacia grupos criminales haitianos, principalmente la banda 400 Mawozo.
Explicó que el documento, de 95 páginas y 22 anexos, hace referencia, particularmente en su anexo 18, a dos contratos para la compra de municiones suscritos en 2022 entre la empresa colombiana Industria Militar (Indumil) y el Ejército de República Dominicana. Añadió que la investigación señala la presencia en territorio haitiano de cartuchos con las siglas ERD.
“Este gravísimo hecho no constituye un simple fallo administrativo; representa una amenaza directa y flagrante a la seguridad nacional”, sostuvo la organización, al advertir que la situación pone en riesgo la soberanía, la paz y la integridad territorial de República Dominicana.
Ante estos señalamientos, la FP exigió una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita establecer la cadena completa de custodia y la trazabilidad de las municiones, desde su origen hasta su destino final, identificar a todos los responsables y aplicar las sanciones previstas por la ley.
Asimismo, reclamó la “reestructuración absoluta” y el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad, almacenamiento y control interno de pertrechos y municiones, con el propósito de erradicar cualquier espacio de corrupción.
En nombre de la entidad también solicitó una investigación de contrainteligencia para detectar y neutralizar posibles redes de infiltración o nexos ilícitos entre efectivos militares o policiales y bandas criminales extranjeras.
Como parte de sus exigencias, planteó una cooperación plena y proactiva con los organismos internacionales y con las autoridades haitianas y estadounidenses para interrumpir y desmantelar las redes transnacionales de tráfico.
Terrero Figueroa estuvo acompañado por varios vicesecretarios de Seguridad y Defensa y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellos oficiales retirados que ocuparon altas responsabilidades de mando en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Durante su carrera militar, el mayor general retirado se desempeñó como director de Inteligencia del Ejército (G2), director del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas, director de la Policía Nacional Electoral y comandante de cinco brigadas del Ejército de República Dominicana.
Terrero Figueroa, en nombre de la Fuerza del Pueblo, reafirmó el compromiso de la organización con la seguridad nacional, la integridad de las instituciones militares y la defensa de los intereses del pueblo dominicano, y exigió al Gobierno ofrecer una “respuesta contundente y verdadera” sobre el desvío de municiones hacia las bandas haitianas.
