La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó su profunda inconformidad tras la decisión de la jueza Fátima Veloz de imponer medidas de coerción no privativas de libertad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club.
La tragedia el pasado 8 de abril colapsó el techo del establecimiento dejando 235 muertos, más de 180 heridos y al menos 130 niños huérfanos.
“La decisión de la magistrada deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público”, expresó Ramos en una publicación en redes sociales.
Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set.
Agregó que la resolución “no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia”.
Garantía económica
Las medidas de coerción dictadas por la jueza incluyeron una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Para el Ministerio Público, que solicitaba prisión preventiva contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra su hermana Maribel, la decisión fue un revés significativo en un proceso que consideran de alto impacto social.
Apelarán decisión de la jueza
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, también calificó la decisión como “una burla a las víctimas” y anunció que será apelada.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído estos hechos para la sociedad dominicana”, declaró Camacho, al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Durante la audiencia, que se extendió por más de 14 horas, el equipo del Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba y argumentó que los imputados actuaron con negligencia criminal al priorizar el beneficio económico por encima de la seguridad de los asistentes al establecimiento.
“El tribunal reconoció la calidad de nuestra investigación, lo hicieron incluso los querellantes y lo admitió la jueza en su fallo. Sin embargo, el Código Penal que tenemos, del siglo XIX, limita las herramientas jurídicas para enfrentar este tipo de tragedia, que encaja perfectamente en lo que hoy conocemos como culpa consciente”, apuntó Camacho.
El caso fue declarado complejo, pero la decisión de no imponer prisión preventiva ha despertado fuertes cuestionamientos por parte de las familias de las víctimas, actores del sistema judicial y la opinión pública.
“El Ministerio Público no se detendrá. Este proceso es por la dignidad de cientos de vidas afectadas. Apelaremos”, concluyó Camacho.
Por ahora, la sociedad dominicana asiste a un debate que trasciende lo legal: ¿cómo se mide la justicia cuando las vidas perdidas son cientos y los responsables continúan en libertad?
