La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, fijó para el próximo 17 de noviembre el inicio de la audiencia preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix; y otros implicados en el caso Camaleón.
La magistrada Rivas tendrá la responsabilidad de valorar las pruebas presentadas por las partes, con el fin de determinar si los acusados serán o no enviados a juicio por su presunta participación en una red de corrupción administrativa y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Camaleón.
Entre los demás imputados figuran Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
A la acusación también se suman Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas señaladas en el expediente son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, procuradora titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a otros miembros del Ministerio Público.
El órgano acusador asegura contar con más de 400 pruebas que sustentan el expediente y demuestran la existencia de diversas líneas delictivas, entre ellas corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, las irregularidades se ejecutaron principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa, mediante contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., que habrían recibido acceso privilegiado a fondos públicos para operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del entramado criminal, según la acusación, sería José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, estas entidades habrían conformado una red delictiva dedicada a la estafa al Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del país.
