La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que cualquier agente policial que actúe al margen de la ley deberá asumir las consecuencias de sus actos, al asegurar que ningún miembro de la institución está por encima del ordenamiento jurídico y que la reforma policial busca fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, donde la funcionaria destacó que el proceso de transformación de la Policía Nacional constituye uno de los principales esfuerzos de fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno.
“Si la Policía actuó mal, tiene que tener una sanción”, expresó Raful, al asegurar que las autoridades no permitirán la impunidad de ningún agente que incurra en violaciones a la ley.
“No vamos a apañar ni someter a la impunidad a nadie que haya violentado la ley dentro de una institución”, enfatizó.
La ministra sostuvo que cualquier actuación que comprometa la responsabilidad de un miembro de la Policía Nacional será investigada y enfrentará las consecuencias establecidas en el marco legal.
Raful explicó que la reforma policial busca transformar una institución con más de nueve décadas de funcionamiento mediante el fortalecimiento de los controles internos, la profesionalización de los agentes y el incremento de los niveles de transparencia y supervisión.
Indicó que el objetivo es consolidar una Policía más cercana a la ciudadanía, con un enfoque preventivo y orientada a proteger la vida y garantizar la seguridad pública.
En relación con las manifestaciones ciudadanas, la funcionaria reafirmó el compromiso del Gobierno con el respeto al derecho de protesta pacífica y señaló que corresponde a las autoridades escuchar las demandas de la población y atenderlas dentro del marco institucional.
Asimismo, destacó que el proyecto de nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional contempla el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión sobre los agentes, la institucionalización de protocolos de evaluación, la regulación del uso de la fuerza y mayores controles internos para garantizar transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función policial.
Raful afirmó que transformar una institución con más de 90 años de historia implica adoptar decisiones complejas y mantener un proceso permanente de evaluación y mejora.
“Este Gobierno asumió el compromiso, la responsabilidad y el costo que conlleva esa transformación”, expresó, al reiterar que el propósito es fortalecer la confianza de la ciudadanía mediante una Policía Nacional más profesional, transparente y sometida al imperio de la ley.
