Este lunes entra en vigencia el nuevo Código Penal Dominicano, el cual introduce modificaciones en el régimen de sanciones contra de la corrupción administrativa, al elevar las penas, extender los plazos de prescripción para perseguir estos delitos e incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y una modificación en el alcance tradicional del sistema penal del país.
A pesar de que algunas propuestas no fueron acogidas, los legisladores introdujeron ajustes de redacción, alcance y penalidades en diversos artículos con el objetivo de fortalecer la aplicación de la nueva legislación antes de su entrada en vigencia.
Las modificaciones aprobadas forman parte del proceso de revisión de la Ley 74-25, impulsado luego de que distintos sectores manifestaran preocupaciones sobre algunos artículos antes de su entrada en vigor.
La reforma busca dotar al Ministerio Público y a los tribunales de mayores herramientas para investigar y sancionar conductas que afectan el patrimonio público, aunque su aplicación dependerá de la capacidad institucional para ejecutar las nuevas disposiciones y garantizar procesos judiciales efectivos.
Las modificaciones fueron consensuados por una comisión bicameral integrada por diputados y senadores, que revisó durante varios días observaciones relacionadas con temas como la libertad de expresión, el ejercicio de la medicina, la responsabilidad penal de las empresas, los delitos contra menores y la administración pública.
Libertad de expresión y difamación, entre las modificaciones más relevantes que generó mayor debate fue el tratamiento de los delitos relacionados con el honor y la libertad de expresión.
Las modificaciones incluyen ajustes a los artículos sobre:
Difamación
Injuria
Actos que no constituyen difamación
Difusión de imágenes y audios sin consentimiento
Ciberbullying
Ultraje a funcionarios públicos
Según el Congreso Nacional, el objetivo de estos cambios es delimitar con mayor precisión las conductas sancionables y evitar interpretaciones que puedan afectar el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa y el derecho a la información.
El ejercicio de la medicina
Otro de los puntos revisados responde a las preocupaciones expresadas por el sector salud.
La comisión acogió modificaciones para establecer que la responsabilidad penal de médicos y centros sanitarios solo podrá configurarse cuando exista una falta grave e inexcusable en el ejercicio profesional, conforme a la lex artis.
Además, los ajustes abarcan varios artículos relacionados con la práctica médica y buscan ofrecer mayor seguridad jurídica a los profesionales de la salud.
También, el nuevo texto introduce cambios en disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Los aspectos revisados son:
La responsabilidad de empresas por delitos cometidos por sus directivos o representantes
La malversación de fondos públicos
El abandono de niños, niñas y adolescentes
El proxenetismo
El autosecuestro
El perjurio
La expedición de certificados médicos falsos
La bancarrota simple
Las modificaciones buscan precisar los elementos que configuran cada infracción y mejorar la aplicación práctica de la ley.
Asimismo, la revisión incluyó modificar los artículos vinculados con la protección de niños, niñas y adolescentes y con delitos cometidos mediante tecnologías digitales.
Algunos de ellos destacan disposiciones sobre: hostigamiento, acoso, ciberbullying y difusión no autorizada de imágenes o audios.
Y en algunos casos se incorporaron excepciones relacionadas con el interés público legítimo, especialmente cuando la difusión de información tenga fines periodísticos o de denuncia, buscando equilibrar el derecho a la intimidad con la libertad de información.
Nuevas figuras delictivas: Se incorporan la desaparición forzada, el tráfico de influencias, el cohecho activo y pasivo, y la discriminación por orientación sexual.
Además, las modificaciones fueron consensuados por una comisión bicameral integrada por diputados y senadores, que revisó durante varios días observaciones relacionadas con temas como la libertad de expresión, el ejercicio de la medicina, la responsabilidad penal de las empresas, los delitos contra menores y la administración pública.
De acuerdo con el Congreso Nacional, la revisión incorporó aportes de juristas, académicos, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de diferentes sectores profesionales, con el propósito de fortalecer el texto legal y reducir posibles conflictos en su aplicación.
