Colectivo de dominicanos, de ascendencia haitiana, realizarán una protesta frente a la sede del Congreso para resolver su ciudadanía cuando se cumple nueve años de la sentencia 169-14 sobre un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano.
La norma 169-14 tenía la intención de reformar una ley previa, conocida como sentencia 168-3 del Tribunal Constitucional que creó un riesgo inminente sobre el derecho a la nacionalidad de los descendientes de extranjeros nacidos en la República Dominicana entre 1929 y 2010.
La 168-3 ratificó el artículo 18 de la Constitución de República Dominicana sobre cómo se adquiere la nacionalidad contraria a las personas nacidas en este país, pero de padres extranjeros, en este caso de miles de descendencia haitiana.
El artículo en cuestión menciona que "sólo son dominicanos los hijos de madre o padre dominicano" y la sentencia referida (dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional) solo creó un riesgo inminente sobre el derecho a la nacionalidad de los descendientes de extranjeros nacidos en la República Dominicana entre 1929 y 2010.
A su juicio, lo que hay que hacer es someterlo en bloque, artículo por artículo para que cada legislador fije su posición, quedando en evidencia.
El Grupo Reconocido, una red cívica nacional independiente, conformada principalmente por dominicanos de ascendencia haitiana, pidió este martes al Estado dominicano tomar medidas concretas para abordar esta situación y garantizar que las personas que nacen en su territorio tengan acceso a un ejercicio efectivo de nacionalidad documentada, libre de apatridia y de discriminaciones.
Reconocido ha documentado en los últimos años cómo la falta de documentos de identidad dificulta la movilidad de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, constatando decenas de detenciones arbitrarias durante los operativos de interdicción migratoria, indicó el grupo en su cuenta de Twitter.
El plantón en el Congreso se realiza cuando se cumplen 10 años de una sentencia que agravó el problema de la nacionalidad de los dominicanos con padres extranjeros conocida como 169-14.
Más de 250.000 dominicanos de padres extranjeros, la mayoría de Haití, perdieron su nacionalidad por un fallo de 2013, aplicado retroactivamente a los nacidos entre 1929 y 2010.
Desde la sentencia miles fueron expulsados y otros subsisten como pueden en los 'bateyes', precarias comunidades de casas de madera con techos de latón y letrinas externas, donde viven los trabajadores de la caña.
República Dominicana tiene la población apátrida más grande del continene americano, según indica un informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El primer grupo, mejor conocido como Grupo A corresponde a aquellos descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular que lograron en el pasado ser inscritos en el registro civil dominicano a pesar de que según la interpretación retroactiva de la sentencia 168, no les correspondía.
Según la ley especial, este grupo vio reconocida su nacionalidad como dominicanos y se ordenó a la Junta Central Electoral devolver, o entregar, según fuera el caso sus documentos de identidad como nacionales.
El segundo grupo, también conocido como Grupo B corresponde a aquellos descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular que nunca fueron inscritos en el registro civil pero que han residido toda su vida en la República Dominicana y no tiene vínculo el país de origen de sus padres.
La ley previó para este grupo un plazo inicial de 90 días para que se registraran como extranjeros con la posibilidad de obtener en un período de apenas dos años, la nacionalidad dominicana mediante naturalización.
"Han sido innumerables los obstáculos generados para impedir el acceso a la restitución de la nacionalidad a las víctimas de esta política racista y discriminatoria, incluyendo la falta de información, falta de recursos, falta de transparencia y la inexistencia de mecanismos", demandó el grupo Reconocido
