Santo Domingo.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Oeste, Leyvi Bautista, rehusó este martes a hablar sobre la supuesta cancelación de visa estadounidense, luego de interponer una querella por RD$100 millones contra un comentarista y el Grupo Alofoke por difamación digital.
La legisladora fue abordada sobre los supuestos rumores en el Congreso Nacional, mientras ofrecía declaraciones de varios temas, incluyendo el proceso judicial.
En ese orden, la legisladora respondió: “ Todo eso es un proceso está en manos de nuestros abogados”.
Presenta Iniciativa busca proteger la vida y la salud estudiantes
Previamente, la diputada Leyvi Bautista informó sobre el sometimiento de un proyecto de ley busca favorecer la niñez y la juventud que dispone la instalación obligatoria de dispensarios médicos en todos los centros educativos del sector público de la República Dominicana.
La propuesta legislativa, que articula los esfuerzos del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Salud Pública, establece la creación de unidades médicas escolares dotadas de personal de enfermería permanente, médicos generales, equipos de primeros auxilios y medicamentos básicos para atender emergencias dentro de las aulas.
Según la legisladora, la iniciativa de ley busca la implementación progresiva en un plazo máximo de tres años, priorizando las escuelas con mayor matrícula y las ubicadas en zonas vulnerables.
La legisladora destacó que esta ley fortalece la cultura de prevención dentro del sistema educativo y aporta un modelo moderno de salud escolar, que articula los esfuerzos del Estado, los centros educativos y las familias para anticiparse a cualquier eventualidad.
También, la iniciativa contempla jornadas educativas de prevención, evaluaciones médicas periódicas y registros de salud estudiantil, consolidando hábitos saludables desde la edad temprana y promoviendo el bienestar integral de la población escolar.
Dicho proyecto se sustenta en la Constitución de la República, la Ley General de Educación No. 66-97, la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, consolidando un marco legal que coloca a la niñez dominicana en el centro de la acción del Estado.
