La Dirección General de Migración informó que, durante 2025 y lo que va de 2026, desvinculó a 263 integrantes de su personal tras comprobar su participación en acciones que violan las normas institucionales.
La entidad destacó que estas medidas son resultado de 980 procesos de investigación administrativa y seguimiento interno en los que se han visto involucrados empleados de la institución.
De estos casos, supervisados por la Dirección de Asuntos Internos de la DGM, 185 expedientes continúan en investigación, 244 empleados han sido amonestados y sancionados, 66 suspendidos, 123 trasladados y 21 despachados.
En otros 75 casos no se adoptó ningún tipo de sanción, debido a que no se pudo comprobar la participación de los investigados en los hechos imputados.
“Estos resultados evidencian un sistema activo de supervisión institucional, donde las investigaciones se desarrollan bajo criterios de objetividad, respeto al debido proceso y aplicación proporcional de las medidas correspondientes y las normativas del Ministerio de Administración Pública”, afirma la Dirección General de Migración.
La institución señaló que, como parte del seguimiento a los servicios migratorios en aeropuertos, puertos y puntos de control fronterizo, durante el año pasado el Departamento de Investigaciones procesó 7,050 casos de fraude documental, 4,400 de suplantación de identidad, 850 vinculados a procesos migratorios y 185 intentos de violación de impedimentos sustentados en órdenes judiciales.
La DGM exhortó a la ciudadanía a “colaborar con la notificación de cualquier irregularidad o presencia de asentamientos ilegales, así como de malas prácticas detectadas en las que se puedan ver envueltos miembros de la institución”.
Indicó que las denuncias pueden realizarse a través del Call Center (809-508-2555, opción 0), el Sistema Nacional de Atención Ciudadana (311), el portal web oficial o mediante el correo electrónico institucional.
“La DGM reitera su política de no tolerancia frente a cualquier tipo de acción que vaya en contra de la naturaleza y la misión para la cual fue creada la institución, y que mantiene una política de no hacer concesiones a favor de personas que estén en procesos de investigación por violación a la Ley 285-04”.
En ese sentido, la entidad reafirmó su disposición de mantener los operativos de interdicción migratoria a nivel nacional, así como los procesos de deportación de extranjeros en condición irregular, respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas y la protección de sus propiedades.
Asimismo, reiteró “su compromiso de continuar fortaleciendo la ofensiva contra la presencia de migrantes en condición irregular en el país, asegurando que estas acciones se desarrollen dentro del marco de las disposiciones legales vigentes, con apego a los derechos humanos y a los principios de transparencia institucional”.
