La defensa de Juan Alexis Medina Sánchez y sus coacusados agota este lunes sus argumentos finales ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en la etapa conclusiva del juicio de fondo que se le sigue por encabezar un presunto entramado de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, sustrajo más de 5,000 millones de pesos del Estado dominicano.
En el mismo escenario, el órgano acusador solicitó al tribunal que imponga una condena de 20 años de prisión a Medina Sánchez, además del pago de 400 salarios mínimos, la inhabilitación por 10 años para contratar con el Estado o ejercer cargos públicos, la pérdida de derechos civiles y políticos, y el decomiso de todos los bienes adquiridos producto de las actividades ilícitas.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Mirna Ortiz e integrada por los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González, sostuvo que Medina dirigió una estructura criminal que operó mediante tráfico de influencias, contratos simulados, testaferros, lavado de activos, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas. Las pruebas, indicó el Ministerio Público, fueron presentadas y sustentadas durante más de un año de audiencias.
Además de la solicitud contra Medina, el Ministerio Público pidió condenas de entre 3 y 15 años de prisión contra los demás imputados, incluyendo familiares, exfuncionarios, empresarios y representantes de empresas vinculadas al supuesto esquema delictivo. Entre los acusados figuraron su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, exfuncionaria del Fonper; Fernando Rosa, expresidente de esa institución; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; y Rafael Germosén, excontralor general de la República.
Durante su intervención, Ortiz afirmó que las penas solicitadas respondían a la magnitud del daño cometido. “Este caso no es político; es una persecución penal basada en pruebas. Cada peso drenado del Estado representa un niño sin educación, una cama vacía en un hospital, una comunidad sin agua. No se trata solo de dinero, sino del costo humano de la corrupción”, enfatizó.
La fiscal explicó que el Ministerio Público demostró la existencia de una estructura organizada que, mediante contratos amañados y el uso de prestanombres, drenó fondos públicos en perjuicio de múltiples instituciones del Estad
Se espera que, una vez finalicen las exposiciones de las partes, el tribunal, conformado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, se retire a deliberar para emitir sentencia en las próximas semanas.
