El cantante puertorriqueño Ramón Ayala, conocido artísticamente como Daddy Yankee, presentó una demanda federal en el Tribunal de Distrito para el Sur de Florida en la que reclama una indemnización de al menos US$10 millones por presunta difamación contra el empresario español León Fernando Fiksman.
De acuerdo con el recurso judicial, el artista alega que Fiksman realizó declaraciones falsas durante un podcast publicado el 14 de enero, en las que lo vinculó con lavado de dinero, la red financiera del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y supuestos actos de corrupción.
La demanda sostiene que esas afirmaciones fueron presentadas como si estuvieran respaldadas por documentos obtenidos durante el proceso de descubrimiento de pruebas de un litigio civil que ambas partes mantienen en el condado de Miami-Dade. Sin embargo, Daddy Yankee asegura que no existe evidencia que sustente esas acusaciones y afirma que el empresario actuó con conocimiento de su falsedad o con desprecio por la verdad.
El intérprete también sostiene que las declaraciones tenían el propósito de perjudicar su reputación en la comunidad del sur de Florida e influir sobre los potenciales integrantes del jurado que conocerá el juicio del proceso estatal, previsto para iniciar en agosto.
En la acción judicial, el artista niega cualquier vínculo con actividades de lavado de dinero, con Hugo Chávez o con redes de corrupción venezolanas, y asegura que las acusaciones le ocasionaron daños reputacionales, económicos y emocionales.
Este nuevo proceso se desarrolla en medio de una disputa comercial iniciada en 2024 en Miami-Dade. En ese caso, Fiksman demandó a Daddy Yankee, a su entonces esposa Mireddys González y a otras personas, alegando un supuesto esquema para desplazarlo de una empresa relacionada con el deporte del pádel y obligarlo a vender su participación por debajo de su valor.
Como respuesta, el cantante sostiene que esa demanda carece de fundamentos y recuerda que, durante el proceso, un juez excluyó el peritaje presentado por Fiksman para calcular los supuestos daños, lo que, según Ayala, debilitó significativamente las reclamaciones del empresario.
La demanda federal incluye tres cargos por difamación y solicita una compensación no inferior a US$10 millones.
