El Colegio de Abogados (CARD) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) la “injerencia” del gobierno central en las elecciones del gremio, en un intento de influenciar en los resultados finales, recurriendo al chantaje a los profesionales del Derecho que son empleados públicos, obligándolos a votar por un determinado candidato, bajo pena de ser cancelados de sus puestos, según informaron.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, indicó que las maniobras del Gobierno por favorecer a su candidato incluyeron, además, la utilización generalizada de militares y policías abogados, a quienes se les ordenó, de manera específica durante reuniones celebradas en los recintos militares, votar por la plancha número 7.
“Lamentamos que la Policía Nacional en lugar de cumplir su rol de ser garante de la seguridad de todos los actores en el proceso electoral, incluyendo la Comisión Nacional Electoral, se constituyó en un instrumento cómplice de abuso, que permitió el secuestro de los miembros de dicha Comisión por más de cinco horas, desde las nueve de la noche del 2 de diciembre hasta las 3:30 de la madrugada del domingo 3 de diciembre y que culminó con la agresión a trompadas por parte de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, del miembro del organismo electoral, Luis Yepez Suncar, como una forma de incidental el boletín final”, manifestó Surun Hernández.
El gremialista indicó que la Policía Nacional no sólo sirvió de soporte a las turbas que dañaron y agredieron los vehículos y a los miembros de la Comisión Electoral, sino que de manera ilegal, inconstitucional y sin orden judicial alguna mantienen secuestrado el edificio de la Escuela Nacional del Abogado, donde funciona la Comisión y donde se resguardan los materiales utilizados en el proceso recién transcurrido, “lo cual nos da una señal del nivel de abuso que hubo, máxime cuando tomamos en cuenta la denuncia al respecto del notario Manuel Emilio Méndez, quién notarizó el contrato de alianza suscrito entre Diego José García y Trajano Vidal Potentini, cuyas firmas fueron confirmadas por ambos”.
“Según ha trascendido, dicho notario habría sido extorsionado para que niegue su propia firma en un contrato donde tal y como refiere un video de una llamada efectuada al mismo sitio, lo único que hizo fue notarizar ese contrato y quien confirmó su firma y sello en cada una de las páginas, pero por temor a sanciones se vio obligado a mentir”, sostuvo el gremialista.
El profesional del Derecho pidió, además, que se investigue la denuncia de que a favor del candidato oficialista, que encabezó la plancha 7, fueron invertidos más de 300 millones de pesos, usados para comprar dirigentes de la oposición, tal como fue confirmado por el el dirigente peledeísta Diego José García.
Indicó que García, en el programa de radio El Sol de la Mañana confesó que le habían entregado cuatro millones de pesos para apoyar a Johan López, lo cual no sólo constituye un delito de lavado de activos previsto y sancionado en la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sino que además da una idea del origen espurio de esos fondos que alegadamente provienen de las arcas del Estado dominicano.
“Lamentamos que en la República Dominicana el precario Estado de derecho se haya deteriorado a tal nivel que no sea posible realizar elecciones sin que el gobierno intente con el poder, el chantaje y el dinero torcer el brazo a la voluntad popular, al igual que lamentamos que haya sectores que de mala fe culpen al Colegio de Abogados cuando el verdadero culpable es el Gobierno, por querer injerir en las elecciones del gremio”, dijo el presidente del CARD.
Surun Hernández demandó de la Procuraduría General de la República (PGR) intervenir para que les sea devuelto de manera inmediata el edificio, propiedad de la Escuela Nacional del Abogado.
