La Cámara de Cuentas detectó irregularidades que superan los RD$30,000 millones en la construcción del Metro de Santo Domingo en el período 2013-2017.
El informe detalla que estas irregularidades se cometieron durante la gestión del ingeniero Diandino Peña frente a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
El organismo detectó la falta de planificación en la contratación y ejecución del puente ferroviario, falta de planificación en la contratación y ejecución del contrato de dirección técnica y supervisión por la firma, inicio de los trabajos previos a la realización del proceso de compra sin contrato entre las partes: ATTECO, por RD$365,800,000 y PRETEDOSA, por RD$235,558,541.
Entre el 1 de enero del 2013 y ell 31 de diciembre del 2017, se realizaron adendas a contratos que sobrepasan el 25% establecido por ley, por RD$227,180,252; incumplimiento en póliza de avance por RD$86,271,672, monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, por RD$108,410,318.
El informe indica que hay obras que presentan pagos superiores al monto contratado, por RD$7,832,844. No inclusión del 1% de Ley 6/86 en los presupuestos y cubicaciones de las obras, por RD$2,021,297 y RD$7,819,618. Además falta e inadecuada retención de la Ley 6/86, por el monto de RD$7,408,620, póliza de garantía de vicios ocultos por montos inferiores a lo establecido por ley, por el monto de RD$33,458,626, falta de póliza de garantía de vicios ocultos, por el monto de RD$49,285,722.
También establece obras que presentan cantidades cubicadas superiores a las ejecutadas en campo, por RD$16,006,259, expedientes de contratos carentes de documentación soporte, RD$14,638,152,328, procedimientos de contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatorias, por RD$6,296,778,314. Garantías presentadas fuera de plazo, por RD$380,069,575. Pliego de procedimiento de selección incorrecto, por RD$43,169,848. Contratación de proveedor único que no cumple con las características de la excepción, por RD$23,116,184, suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios fuera de plazo, por montos contractual de RD$69,406,207.
Otros hallazgos fueron procesos ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados, por RD$5,022,079,047, adendas a contratos con montos que exceden el máximo permitido por Ley, por RD$156,354,437.
La auditoría revela que servicios brindados que generan conflicto de interés, empleado de la Opret intermediario de contratistas, Servicios de notario, por RD$126,000 mensuales, adjudicación de contrato sin estar al día con sus obligaciones fiscales, por RD$20,571,882, empresas contratadas con firmas diferentes en documentaciones, por un monto contractual de RD$16,728,458, falta de autorización para la expropiación de terrero, ausencia de manuales, políticas y/o procedimientos para expropiaciones,, entre otras irregularidades.
Investigación del MP
El viernes pasado, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, para que le ordenara a la Cámara de Cuentas darle acceso a un informe de su gestión en esa institución.
El tribunal, conformado por los jueces Antonio Sánchez Mejía (presidente), Franny González y Alina Mora, adoptó la decisión tras acoger la petición del Ministerio Público, que estuvo representado en el proceso por la procuradora fiscal Rosa Alba García, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El medio de inadmisión fue planteado por las partes accionadas, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Procuraduría General Administrativa y la Cámara de Cuentas, “por ser notoriamente improcedente”.
Diandino Peña interpuso el amparo, de fecha 10 de febrero de 2023, por intermedio de sus abogados Manuel Fermín Cabral, Juan Antonio Delgado, Pedro Balbuena y Gilbert de la Cruz Álvarez, para tener acceso al informe de la Opret durante el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.
La auditoría fue realizada en el transcurso de la investigación especial sobre la construcción del Metro de Santo Domingo cuando Peña estuvo al frente de la Opret.
