A solicitud del Ministerio Público, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país como medidas de coerción contra los esposos Bélgica Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso, integrantes de una empresa dedicada a la comercialización de criptomonedas, por su vinculación a una estafa que supera los 2 millones de dólares y afecta a 113 personas.
La decisión fue adoptada por el juez Amaury Martínez, quien además levantó la declaratoria de rebeldía contra ambos imputados tras su arresto en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde fueron capturados.
La investigación, dirigida por la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, ha establecido que los imputados incurrieron en delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
Báez de la Rosa es la madre del principal imputado Luis Alejandro Lantigua Báez, quien se encuentra prófugo, mientras que Horacio Vicioso es su padrastro.
El Ministerio Público recordó que, en abril pasado, el mismo tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el socio gerente Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, este último extraditado desde Colombia en enero, gracias a una solicitud de cooperación judicial internacional formulada por la fiscal Tucent Hiraldo.
También, están vinculados al caso Yoima Guzmán Contreras, Luis Alejandro Lantigua Báez y Harold Martínez Hernández, quienes enfrentan diversas medidas de coerción, así como Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda, quien continúa prófugo.
Los implicados lograron captar de las víctimas un total de US$2,493,933 y RD$7,250,500 mediante maniobras fraudulentas.
En particular, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa, quien fungía como gerente general de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana Inc. (Digicoop), y el tesorero José Horacio Vicioso Ureña, junto a Yoima Guzmán Contreras captaron fondos de ahorristas y cooperativistas a través de dicha entidad, obteniendo US$25,000 y RD$2,783,500, depositados directamente en cuentas de la cooperativa mediante la oferta de productos inexistentes, según determinó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
Posteriormente, estos fondos eran transferidos a HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L., también imputada en el caso.
El expediente revela que Digicoop solía recibir valores en dólares, moneda que, según Idecoop, no está autorizada para operaciones de las cooperativas nacionales.
El grupo criminal estructuró un entramado a través de las sociedades HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L. y Digicoop, utilizando medios electrónicos, informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones para cometer la estafa y lavar los fondos provenientes del delito.
Prometían a los inversionistas rendimientos superiores al mercado bajo contratos que garantizaban el retorno del capital; sin embargo, posteriormente los obligaban a abrir cuentas en Digicoop como condición para mantener las inversiones.
