Una mujer vinculada a la producción del denominado “Himno Nacional Lésbico”, divulgado en redes sociales a mediados de este año, fue arrestada este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), tras ser imputada por el delito de ultraje al canto patrio.
Se trata de Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años de edad, quien fue apresada en cumplimiento de la orden judicial número 2025-AJ0051862, emitida el pasado 7 de agosto por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
La orden de arresto contra la mujer, residente en Estados Unidos, responde a una investigación por la presunta comisión de hechos delictivos tipificados y sancionados en los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana.
La investigación también incluye a Yoseli Castillo Fuertes. De acuerdo con las autoridades, ambas imputadas habrían organizado la puesta en circulación del texto titulado “Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!”, durante un evento en el que invitaron al público a ponerse de pie y a interpretar lo que denominaron el “Himno Nacional”, utilizando la misma música, pero con letras alteradas.
Según el expediente, el acto fue realizado en uno de los salones del Centro Cultural de España, en la Zona Colonial, donde las imputadas habrían incurrido en un ultraje contra el Himno Nacional, símbolo sonoro de la patria consagrado en la Constitución dominicana, la cual establece que este es único e invariable.
Además de recopilar evidencias del hecho difundidas en redes sociales, el Ministerio Público recibió denuncias formales de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones, las cuales solicitaron la aplicación de las sanciones establecidas en el marco jurídico dominicano.
La orden de arresto establece, en uno de sus considerandos, que “si bien la libertad es la condición natural del ser humano y constituye, después de la vida, el bien jurídico más preciado conforme a la Constitución, también es cierto que esta dispone que, cuando el orden público y las buenas costumbres se vean afectados por cualquier hecho cometido por un ciudadano, dicha libertad podrá ser restringida mediante orden motivada de una autoridad judicial competente”.
Asimismo, la jueza fundamentó la emisión de la orden en la condición de residentes en el extranjero de las investigadas, al considerar que “podrían sustraerse del proceso por su carácter transitorio en el país”.
