Santo Domingo.– El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, propone que el Senado invite a la ministra de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional a comparecer ante el pleno de este organismo para explicar las muertes de personas en los llamados “intercambios de disparos”, los protocolos de uso de la fuerza letal y los mecanismos de investigación en estos casos.
“Hay que combatir el delito con firmeza, pero aquí no hay pena de muerte. El Estado de derecho hay que respetarlo y mantenerlo. Un policía no debe usar fuerza letal si no existe una amenaza inminente contra su vida o la de otra persona y su uso resulta estrictamente inevitable para protegerla. Decir que hubo un ‘intercambio de disparos’ no puede sustituir una investigación ni justificar automáticamente una muerte”, expresó Taveras.
Taveras recordó el caso de Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, dos esposos evangélicos que, el 30 de marzo de 2021, regresaban de una actividad religiosa cuando fueron abatidos por agentes policiales en Villa Altagracia, como también el caso de La Barranquita, Santiago, donde cinco hombres murieron en septiembre de 2025 durante una intervención policial.
Según los boletines de seguridad ciudadana en 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como “intervención legal” de agentes del orden, equivalentes a casi el 16 % de los 1,371 homicidios contabilizados. En el primer semestre de 2026, esa categoría alcanzó 144 muertes, correspondientes al 23 % de los 625 homicidios registrados durante ese período.
La propuesta busca que las autoridades expliquen cómo se verifica la versión de los agentes involucrados, cuáles investigaciones realiza la Dirección de Asuntos Internos y qué resultados han producido. También solicita información sobre la coordinación con el Ministerio Público y los procedimientos para evitar que las operaciones de captura y detención culminen innecesariamente con la pérdida de vidas humanas.
La resolución sostiene que estar bajo investigación, tener antecedentes delictivos o ser objeto de una orden de arresto no constituye, por sí solo, una justificación para emplear fuerza letal. Aunque reconoce que las estadísticas no prueban por sí mismas un uso sistemático y desproporcionado de la fuerza, considera que obligan a las autoridades a ofrecer explicaciones y garantizar investigaciones objetivas.
