Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en la red de corrupción del Caso Calamar, solicitaron a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, agregar un día adicional de audiencia por semana para que la etapa preliminar avance con mayor celeridad y sin interrupciones innecesarias.
Actualmente, el proceso preliminar se conoce dos días a la semana, por lo que la defensa del imputado pide a la magistrada habilitar un tercer día, de modo que se celebren tres audiencias semanales.
Los representantes legales de Castillo señalaron que no es la defensa, como ha insinuado el Ministerio Público, quien ha provocado retrasos en el proceso.
La audiencia prevista para este lunes fue aplazada debido a que uno de los imputados presentó una condición médica que le impidió asistir. Según explicó la abogada Laura Acosta, esta situación demuestra que los diferimientos no guardan relación con la conducta procesal de Castillo ni de los demás imputados.
“Este proceso nunca ha sido retrasado por nuestras partes. No somos nosotros quienes entorpecemos la marcha del expediente”, expresó Acosta.
La defensa, integrada por Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo, puntualizó que sus representados han comparecido puntualmente a todas las convocatorias y han actuado con absoluta disposición de avanzar en el conocimiento del caso. Recordaron que tanto Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial; Donald Guerrero, exministro de Hacienda; y José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, han mantenido una conducta procesal irreprochable desde el inicio del proceso del Caso Calamar.
“Si realmente se busca agilizar la audiencia preliminar, lo razonable es habilitar un día adicional. Nosotros estamos listos para trabajar”, afirmó Acosta. Agregaron que esta propuesta permitiría celebrar tres audiencias semanales, reduciendo el tiempo de espera y garantizando un avance continuo del proceso.
La defensa insistió en que cualquier señalamiento del Ministerio Público sobre supuestas maniobras dilatorias carece de fundamento. “No aceptamos que se construya una narrativa falsa de obstrucción, porque los hechos demuestran lo contrario”, sostuvo el equipo legal.
Según el Ministerio Público, los implicados en el Caso Calamar habrían desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de recibir sobornos presuntamente utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
