La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) ejecutó, con el apoyo técnico de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), un amplio operativo antifraude en múltiples sectores de Santiago y municipios cercanos.
En el operativo se levantaron cuatro actas por conexión ilegal en establecimientos comerciales e industriales, y fueron enviados 14 contadores al Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal) para verificación técnica.
La acción fue encabezada por el procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la PGASE, quien estuvo al frente de un equipo de fiscales que recorrieron diversos puntos en los que se detectaron irregularidades graves en el uso y manipulación del servicio eléctrico.
Durante la intervención se levantaron actas por conexiones fraudulentas en una villa ubicada en Quinigüa, del municipio de Villa González; la carnicería Meat Pekín Dominicana, ubicada en Villa Olga; Mister Grilled Restaurant, en Villa Progreso, y el Super Colmado La Chercha, en el Ensanche Libertad.
En todos esos casos se trataba de conexiones irregulares deliberadas, con las cuales los propietarios evitaban el registro real del consumo energético, afectando directamente la sostenibilidad del sistema eléctrico.
El operativo abarcó múltiples sectores urbanos y rurales, donde equipos técnicos y fiscales realizaron inspecciones, retiros de contadores y levantamiento de pruebas en comunidades como Monte Adentro, Gurabo, Villa Olga, Las Cayenas, Reparto Peralta, Los Pepines, Las Charcas, El Invi, Ensanche Libertad, una envasadora de agua en Santiago Oeste y otras intervenciones en los municipios Navarrete y San José de las Matas.
En estos puntos se identificaron contadores sospechosos, instalaciones adulteradas y patrones de consumo incompatibles con la carga instalada, lo que motivó la remisión de 14 medidores al Indocal para estudios periciales.
Carela destacó que el operativo forma parte de un plan nacional de persecución del fraude eléctrico, el cual representa pérdidas millonarias para el Estado y afecta la calidad del servicio a miles de usuarios que pagan su factura debidamente.
