El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Valverde que imponga un año de prisión preventiva contra un hombre que, con información falsa, registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
Máximo Mendoza fue arrestado en Mao, Valverde, durante un allanamiento ejecutado en su vivienda, al establecerse con diferentes evidencias que se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer el hecho delictivo.
El imputado, que cometió los hechos entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, pretendía dañar a las personas que declaraba muerta por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
Uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
Su conducta constituye una violación al Código Penal dominicano, por el uso y alteración de documentos públicos, basado en información falsa. También, una violación al artículo 208 de la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, el cual se refiere a la falsedad.
El Ministerio Público indicó que dentro de las maniobras utilizadas por el imputado se destaca también su capacidad para fingir estados de aflicción emocional y física, simulando angustia y vulnerabilidad en momentos claves, especialmente al presentarse en centros de salud.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez (titular de Valverde) y Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, solicitó la prisión preventiva al considerarla como la medida idónea y proporcional a la gravedad de los hechos, a fin de garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso.
Los fiscales también solicitaron que el caso sea declarado de tramitación compleja conforme a lo establecido en el artículo 369 y siguientes del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, en razón de la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos, el uso de documentos públicos falsificados y la afectación directa a los sistemas de salud y registral, lo que exige una investigación más técnica y prolongada.
En este caso el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Los fiscales litigantes Esther María González Peguero y Domingo Tejada representaron al Ministerio Público en la audiencia donde la jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, decidió su aplazamiento para el próximo viernes, 12 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, luego de acoger una solicitud de la defensa del imputado.
