El Ministerio Público culminó la presentación de pruebas testimoniales contra los acusados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G, que defraudó al Estado con más de RD$4,500 millones. Con esta etapa concluida, el órgano acusador avanza hacia la fase final de la presentación probatoria.
En la audiencia fueron escuchados varios testigos claves, entre ellos, Cipriano Agustín, tesorero de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, quien reveló que, pese a ser el encargado de las finanzas, no tenía conocimiento de los RD$9 millones entregados por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre para la compra de un inmueble a nombre de la iglesia en la calle Jonás Salk, en Ciudad Universitaria. Agustín aseguró que se enteró de la transacción únicamente a través de los medios de comunicación, tras el estallido del caso Coral.
Durante la jornada, el órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan desahogando pruebas que demuestran la magnitud del entramado de corrupción militar, policial y religioso.
También, declaró la fiscal Rosa Alba García, quien participó en varios allanamientos relacionados con el proceso, entre ellos, el realizado en la residencia de Lucía de los Santos Viola, en Cabirma del Este, Santo Domingo Este. En ese lugar fueron ocupados documentos de propiedad administrados por ella, pero que correspondían realmente a su hermano, el general de brigada Julio Camilo De los Santos Viola, y a Adán Benoni Cáceres Silvestre.
La fiscal García agregó que Lucía de los Santos Viola entregó de manera voluntaria al Ministerio Público una yipeta Toyota 4Runner, año 2018, registrada a su nombre, pero, perteneciente en realidad a su hermano Julio Camilo De los Santos Viola, lo que evidencia su papel como testaferro en la red criminal.
Asimismo, el fiscal Jensy Víctor declaró que en un allanamiento a la residencia de Julio Camilo De los Santos Viola fue ocupado un polígrafo propiedad del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), pese a que el acusado no tenía ya funciones en esa entidad, lo que evidencia un caso de desfalco.
Víctor añadió que, en otro allanamiento, realizado en una propiedad turística ubicada en el condominio Las Velas AT, en Juan Dolio, se ocuparon documentos y recibos de pago de mantenimiento que demuestran que el verdadero propietario del inmueble es el coronel Rafael Núñez de Aza, junto a su hija mayor Summer Laurice Núñez. El bien figura a nombre de la empresa Unido Real State e Inversiones SRL, de la imputada Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán, mecanismo utilizado para ocultar propiedades que Núñez de Aza no podía justificar con ingresos lícitos.
Con estas declaraciones, el Ministerio Público cerró la etapa de testigos y peritos, acumulando un total de 282 testimonios y peritajes, 1,076 pruebas documentales, 29 pruebas materiales y 132 informes periciales.
Ahora el proceso judicial avanza a la incorporación de las pruebas documentales y materiales, un trámite de exhibición y estipulación que precede a la presentación de las pruebas de la defensa de los imputados.
La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo jueves 14 de agosto de 2025.
