Al admitir las pruebas aportadas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor, un tribunal impuso 20 y 5 años de prisión a dos hombres procesados por narcotráfico y lavado de activos.
Denny Alberto Mota (Chulito) fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos del sector público, mientras que Rafael Abreu (Pupilo), quien admitió los hechos criminales, fue sentenciado a 5 años de prisión, con suspensión de la mitad de la pena (2 años y 6 meses) así como al pago de RD$50,000 de multa.
Mota fue declarado culpable de lavado de activos, patrocinio y tráfico y distribución de sustancias controladas, así como de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
En tanto que Abreu fue condenado por tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de armas.
Ambos condenados formaban parte de un grupo criminal que operaba la venta al detalle de drogas en diversos puntos de la provincia Hato Mayor, donde mantenían incluso centros fijos de distribución de narcóticos en los que se apoyaba en familiares y allegados.
Los fondos obtenidos eran colocados en el sistema financiero mediante la adquisición de propiedades, vehículos y la apertura de negocios, utilizados como fachada para legitimar el dinero ilícito.
La organización criminal también utilizaba armas de fuego ilegales para proteger sus operaciones y para intimidar en los puntos de venta y distribución.
La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y la fiscal Marleni Guante, de Hato Mayor, destacaron el trabajo coordinado y la firmeza del Ministerio Público en la lucha contra las estructuras criminales.
Ambas reiteraron el compromiso del Ministerio Público en el combate del crimen organizado y la protección de la seguridad y la paz social en todo el territorio nacional.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor, presidido por el juez Francisco Arias, impuso la pena y ordenó el decomiso de los vehículos y armas de fuego ocupados por el Ministerio Público durante el proceso de investigación, explicó el equipo de litigación del caso, compuesto por los fiscales Wilson Santana, Daniel Nivar, Luz Almonte y José Manuel Calzado.
