Coroneles activos y generales retirados de distintas instituciones se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, como parte de la Operación Lobo, una investigación liderada por el Ministerio Público que ha destapado una presunta estructura delictiva dedicada al cobro de sobornos para obtener contratos de seguridad privada en entidades estatales.
Según confirmó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución, hasta el momento han sido arrestadas 14 personas, tras la ejecución de 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en Santiago, realizados con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales.
El Ministerio Público informó que esta red criminal utilizaba mecanismos de corrupción para adjudicarse contratos de seguridad y garantizar su permanencia en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
Las investigaciones preliminares señalan que el entramado operaba a través de la entrega de sobornos a funcionarios responsables de contrataciones, afectando directamente los recursos públicos destinados a servicios esenciales.
La denuncia que dio origen al proceso fue remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción administrativa y la transparencia en el Estado.
En las próximas horas, se espera que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción contra los detenidos, a quienes se les imputa haber violado varias disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Los fiscales encargados del caso han adelantado que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones o allanamientos relacionados con esta red que, según señalan, vulneró gravemente los procesos administrativos en múltiples entidades del Estado.
Este nuevo caso pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de contratación en instituciones públicas, así como la necesidad de reforzar los controles y sanciones para quienes se aprovechan del aparato estatal para enriquecerse de forma ilícita.
