Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, quedaron en libertad este jueves al lograr que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional descartara la prisión preventiva como medida de coerción y en cambio le impusiera una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódico.
La juez Fátima Veloz anunció su decisión en la madrugada de este jueves, luego de una audiencia que duró más de 12 horas de exposición de las partes.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat a quienes acusa de homicidio involuntario por las atribuidas negligencias que derivaron en el desplome del techo del Jet Set y la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.
El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que apelará la decisión de la jueza en el entendido de que los imputados pueden incidir en la afectación del proceso ya que también se le acusa de intentr intimidar a uno de los testigos que era empleado de la discoteca Jet Set.
Miguel Valerio, abogado de los hermanos Espaillat, consideró adecuada la medida al señalar que sus representados han colaborado con la justicia, los peritos que han realizado las investigaciones y han estado dispuesto a ayudar a los familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Explicó que las medidas de coerción buscan la preservación del proceso y en este caso, afirmó, los imputados han colaborado y se han presentado cada vez que han sido llamados.
Además de los representes del Ministerio Público, en la audiencia estaban presentes abogados de unos 80 afectados en calidad de querellantes.
Éstos insisten en que se cambié la calificación de la acusación que hasta ahora ha sido la de homicidio involuntario y piden que en cambio se le acuse de homicidio voluntarios por dolo, alegando que éstos fueron negligentes a conciencia de las faltas que estaban cometiendo al obviar acciones para evitar una tragedia porque previamente habían sido advertidos y no hicieron nada.
Los imputados, que estaban detenidos, fueron beneficiados con su puesta en libertad por disposición de la jueza, pero deberán presentarse todos los meses ante el Ministerio Público y acudir a los llamados que se le hagan para continuar con el proceso judicial.
