Tras analizar las pruebas que recolectó la Fiscalía de Santiago, un tribunal impuso una condena de 20 años de reclusión contra un hombre que violó sexualmente a su hija de 9 años de edad, en una relación incestuosa que obligó a la víctima a callar bajo amenazas de hacerle daño.
Los hechos sufridos por la víctima, ahora con 14 años de edad, fueron perpetrados por su padre, cuyos datos se omiten en esta comunicación, en la intención de resguardar el derecho a la intimidad de la adolescente agraviada.
La denuncia la realizó la madre, quien interpeló a la víctima para indagar sobre su estado de ánimo, recibiendo así la confesión sobre los abusos a los que estuvo expuesta, cada vez que visitaba a su progenitor en un barrio del distrito municipal La Canela.
Con un grueso expediente contenido de numerosas pruebas, entre testimoniales, documentales y periciales, el fiscal litigante Pedro Martínez, hizo énfasis a los jueces en la repercusión a nivel mental que tiene sobre la víctima la agravante de las amenazas, las que el acusado le hacía, para que guardara silencio.
La presión psicológica ejercida contra la víctima, una persona indefensa, vulnerable, en razón de su minoría de edad, a quien el acusado amenazaba con hacerle daño si hablaba sobre sus abusos, constituía por sí solo una gravísima agresión que atenta contra el desarrollo normal físico, psicológico y mental de quien aún es menor de edad, refirió el fiscal Martínez.
La Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, bajo un cuidadoso protocolo que reduce al mínimo la revictimización y exposición de la persona menor de edad vulnerada, recogió su testimonio y practicó las evaluaciones con médicos de la Ginecología y Psicología adscritos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
A nivel psicológico, se evidenció el estado de angustia, ansiedad, temor, y sentimientos de vergüenza experimentados por la víctima menor de edad, por la intimidación que ejercía contra ella el procesado. Más tarde, su testimonio fue corroborado ante al Centro de Entrevistas para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de Delitos de Santiago.
Los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, del Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, impusieron la condena por los cargos relativos a la violación a los artículos 309-1, 331, 332-1, y 332-2 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género, y el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-06 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
