La Dirección de Persecución del Ministerio Público interpuso oposiciones a traspasos de bienes que alegadamente estaban en movimientos de las empresas de Antonio Espaillat, propietario de la siniestrada discoteca Jet Set, donde murieron 232 personas.
Las disposiciones del Ministerio Público se tratan de “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades de Espaillat como parte de la investigación sobre la tragedia del centro de diversión.
Estas medidas de la Procuraduría General de la República obedecen a informaciones de que el empresario estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre, lo que parece ser una estrategia para evitar resarcir a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta es una medida para proteger los derechos de las víctimas, 232 muertos y más de 100 heridos, al desplomarse el techo de la discoteca Jet Set, durante unas fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también murió.
Las gestiones del Ministerio Público van en la dirección de imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Espaillat.
El empresario se puso a disposición de la Fiscalía del Distrito Nacional sobre las investigaciones sobre el colapso del Jet Set.
De acuerdo a informaciones servidas el MP quiere evitar que bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
