El presidente Nicolás Maduro extenderá su régimen cada vez más represivo sobre Venezuela hasta 2031 cuando tome posesión el viernes, a pesar de evidencias creíbles de que su oponente ganó las últimas elecciones y tras las protestas contra su plan para un tercer mandato de seis años.
El jueves, mientras cientos de manifestantes contrarios a Maduro salían a las calles de la capital, Caracas, asistentes de la líder opositora María Corina Machado dijeron que fue brevemente detenida por las fuerzas de seguridad y coaccionada para grabar videos.
La popular exlegisladora, a quien el gobierno ha prohibido postularse para cargos públicos, participó a la protesta tras meses sin aparecer en público para exigir que el candidato de la oposición, Edmundo González, tome posesión como presidente en lugar de Maduro.
Machado intervino en la manifestación y luego se fue en una motocicleta con su escolta de seguridad. Más tarde, su equipo de prensa anunció en redes sociales que las fuerzas de seguridad “interceptaron violentamente” el convoy. Sus asistentes confirmaron luego a The Associated Press que la opositora había sido detenida.
Líderes en América y Europa condenaron al gobierno por reprimir las voces de la oposición y exigieron su liberación. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a Machado y González.
“¡Estos luchadores por la libertad no deben ser lastimados, y DEBEN seguir SEGUROS y VIVOS!”, afirmó Trump en la red social Truth Social.
El revuelo previo a la toma de posesión de Maduro se suma a la letanía de acusaciones de fraude electoral y a una represión brutal para silenciar la disidencia.
Las autoridades electorales leales al partido gobernante declararon ganador a Maduro horas después de que cerraran las urnas el 28 de julio, pero a diferencia de en comicios presidenciales anteriores, no ofrecieron el conteo detallado los de votos.
La oposición, por su parte, recopiló actas de más del 80% de las máquinas de votación electrónica, las publicó en internet y aseguró que demuestran que González recibió el doble de votos que Maduro.
La condena global por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al tribunal supremo del país también formado por aliados de su Partido Socialista Unido de Venezuelaque auditara los resultados. La corte reafirmó su victoria sin proporcionar pruebas exhaustivas y alentó al consejo electoral a publicar el conteo de las boletas. Pero ni el consejo ni el partido gobernante ofrecieron pruebas del triunfo de Maduro, aunque sus representantes en los centros de votación también tenían derecho a acceder a las actas de cada máquina de votación.
El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, que fue invitado por Caracas para participar en los comicios como observador, declaró que las actas publicadas por la oposición eran legítimas. Otros expertos electorales a los que el gobierno les permitió presenciar la votación señalaron que los registros de votación publicados por los opositores parecen exhibir todas las características de seguridad originales.
La disputa sobre los resultados causó indignación a nivel internacional y protestas en todo el país. El gobierno respondió con toda su fuerza: arrestó a más de 2.000 manifestantes e instó a los venezolanos a denunciar a cualquiera que sospechen que está en contra del partido gobernante. Más de 20 personas murieron durante los disturbios y muchos manifestantes reportaron torturas durante su detención.
No estaba claro si algún jefe de Estado asistirá a la ceremonia de toma de posesión del viernes organizada por la Asamblea Nacional, también controlada por el partido gobernante, en el Palacio Federal Legislativo en Caracas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, un aliado cercano a Maduro, dijo que no acudirá debido a las detenciones a principios de semana de otro opositor venezolano y de un defensor de los derechos humanos.
A la última investidura de Maduro, en 2019, acudieron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Los comicios de 2018 fueron considerados ampliamente una farsa después de que el gobierno prohibiera la participación de los principales partidos de la oposición.
Y sigue sin estar claro si González, quien se exilió en España en septiembre, cumplirá su promesa de regresar a Venezuela el viernes.
Funcionarios gubernamentales han amenazado repetidamente al candidato de la oposición con arrestarlo si pisa suelo venezolano. El martes, González dijo que su yerno, Rafael Tudares, había sido secuestrado en Caracas. Mariana González de Tudares, la hija de González, sugirió en un comunicado que el gobierno estaba detrás de la desaparición de su esposo.
“¿En qué momento ser pariente de Edmundo González Urrutia se convirtió en un delito?”, dijo.
