Al acoger el pedimento del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer imputada de explotar sexualmente a dos hijas de 9 y 10 años de edad.
La jueza Fátima Veloz dictó la medida de coerción contra la mujer por su vinculación con la actividad ilícita, ordenando el cumplimiento de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Vega. El nombre de la encartada fue omitido para proteger la identidad de las víctimas.
Durante la investigación penal del caso se ha establecido que dicha imputada se dedicaba a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, explotación sexual comercial y posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (pornografía infantil) en el territorio de la República Dominicana, afectando de manera deliberada a sus hijas y a una vecina adolescente.
Igualmente, se determinó que la encartada se dedicaba a compartir y difundir vídeos por medios electrónicos con contenido de material explícito de abuso sexual infantil, por los cuales recibía pagos.
La Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT), representada por su titular, la fiscal Yoanna Bejarán Álvarez, realiza las investigaciones, conjuntamente con la fiscal Aleika Almonte Santana, recibiendo, en virtud del principio de reciprocidad en materia de cooperación internacional y la Convención de Palermo, la colaboración por parte de la Oficina del Buró Federal de Investigación (FBI) en la República Dominicana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como el apoyo en la parte operacional de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y del fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pedro Veloz. Las pesquisas iniciaron el pasado mes de marzo.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 396, 397, 408, 409, 410 y 411 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), y los artículos 2 y 7, literal e, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y los artículos 23 y 24 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, indica el comunicado de prensa mediante el cual se ofreció la información.
