La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reunió a diversos comerciantes y líderes comunitarios de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, con el propósito de evaluar y escuchar inquietudes sobre la Operación Garantía de Paz, que llega a su séptima semana de ejecución.
En sus palabras de bienvenida a los presentes, en el salón de actos del Ministerio de Interior y Policía (MIP), la funcionaria explicó que el operativo es una iniciativa que busca garantizar el orden y la seguridad ciudadana, ya que estudios en América Latina y en el país revelan que el control del expendio de bebidas alcohólicas contribuye a prevenir actividades delictivas.
“Para reducir la delincuencia y la criminalidad, lo que realmente ha dado frutos es la regularización y control del expendio de bebidas alcohólicas. En segundo lugar, el patrullaje inteligente permanente en el territorio. En la parte del patrullaje, estamos trabajando en un proyecto piloto que ya comenzó en la Zona Colonial y estamos evaluando cómo funciona para corregir errores e implementarlo en otros territorios a partir de febrero del próximo año”, expresó Raful.
Durante la actividad, en la que la ministra estuvo acompañada por oficiales de las diversas zonas que componen la circunscripción 1, así como por el director del COBA, Fermín Domínguez, destacó que la regulación del expendio de bebidas alcohólicas es una medida eficaz, dado que la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren entre las 10:00 de la noche y las 3:00 de la mañana, y el consumo de alcohol es un factor común en casi todos los casos.
En el debate entre autoridades, comerciantes y residentes de los diferentes sectores de la ciudad, Rossemary Bonifacio, perteneciente al Grupo de Vecinos Contra el Ruido, señaló que el objetivo del diálogo es unir esfuerzos para que todos cumplan con la ley.
“Lo que queremos es unir fuerzas para que la ley se cumpla y nosotros, como sociedad civil, podamos apoyarlos a ustedes. También entendemos que existen mecanismos para manejar estas situaciones, y todos debemos regirnos por las leyes; nadie está por encima de la ley, ni nosotros como ciudadanos ni ustedes como comerciantes”, destacó la dirigente comunitaria.
Durante el encuentro, algunos participantes aprovecharon para exponer situaciones específicas en sus entornos y destacar el trabajo del MIP y de la Policía Nacional. Félix Peña, presidente de la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional, manifestó su disposición para colaborar con el cumplimiento de las normativas y solicitó que las autoridades garanticen el respeto de los derechos de los comerciantes.
Por su parte, Greys Heyaime, presidente de la Asociación de Propietarios de Bares de la Zona Colonial, pidió al ministerio que se garantice el cumplimiento de la Ley No. 90-19 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora.
“En este momento, la situación que enfrentamos en la zona es el ruido de vehículos con música a alto volumen a todas horas de la noche, lo que ha generado malestar entre los vecinos. La Ley 90-19 prohíbe que los vehículos circulen en espacios públicos con equipos de sonido adicionales a los de fábrica. Me gustaría que esto se tome en cuenta”, expresó la empresaria.
En representación de los residentes del ensanche Naco, Moisés Apcarián resaltó el esfuerzo de la ministra Raful por propiciar la unión entre los ciudadanos y las autoridades mediante este encuentro.
Sobre Operación Garantía de Paz
El proyecto Operación Garantía de Paz inició el pasado 6 de septiembre, con el propósito de regular la contaminación sónica, el expendio de bebidas alcohólicas en horarios no autorizados, la ocupación ilegal del espacio público y prohibir la entrada de menores de edad a lugares nocturnos.
Hasta la fecha, el operativo, encabezado por el Ministerio de Interior y Policía en colaboración con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección de Control de Drogas y el Ministerio Público, ha intervenido zonas del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Puerto Plata y otras partes del país, logrando clausurar cerca de un centenar de comercios que operaban de forma irregular.
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