La Fiscalía de Elías Piña logró 30 años de prisión en contra de un hombre acusado de cometer tentativa de homicidio, incendio y violencia intrafamiliar en contra de su expareja, en diferentes hechos registrados en enero del año 2022, en el municipio Bánica.
El Tribunal Colegiado de este distrito judicial, luego de acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictó la pena máxima en contra de Percido Radhamés Presinal Ogando, por los hechos cometidos contra su expareja, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.
La investigación del Ministerio Público establece que los hechos se produjeron porque Presinal Ogando no aceptaba terminar la relación con la víctima.
El expediente destaca que el hoy condenado, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, persiguió a la mujer y, tras alcanzarla, intentó obligarla a que se montara en el motor, a lo que ella no accedió.
Luego, el agresor tomó una piedra con la cual agredió a su expareja en la cabeza y le fracturó el brazo izquierdo, presentando la víctima en ese momento un pronóstico reservado, según el informe del médico legista.
Señala que, varios días después, el procesado roció gasolina y prendió fuego a la casa donde la víctima se encontraba durmiendo, propiedad de un tío de esta, quienes, para salvar sus vidas, tuvieron que salir huyendo para no quemarse, ya que dicha vivienda quedó hecha ceniza.
En ese mismo orden, refiere la acusación, que, al día siguiente, Presinal Ogando se presentó a otra vivienda de un familiar de la mujer, alegando que esta se encontraba en el lugar. En dicha vivienda el hombre rompió ventanas y amenazó que mataría o le echaría ácido del diablo a la víctima, siendo en esas circunstancias que fue apresado mediante la orden de arresto No. 00044-2022.
El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Angelina Valdez Cabrera, Sócrates David Ogando y Luisa de la Rosa Alcántara, quienes demostraron ante el tribunal, que las acciones de Presinal Ogando constituyen una violación a los artículos 2, 295, 304, 305, 309-2 y 434 del Código Penal Dominicano.
Por estas acciones, los jueces Edward Gerónimo, Blaury Luciano y Saulys González emitieron la sentencia condenatoria a la pena máxima contra el acusado, ordenando su cumplimiento en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.