Será el próximo viernes 19 de abril cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona conozca la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, que hace el Ministerio Público contra 10 integrantes de la red criminal impactada en la Fase II de la Operación Caimán.
El juez Daniel Emilio Pimentel dispuso este lunes el aplazamiento de la audiencia luego de acoger una solicitud de la defensa de los imputados que pidieron más tiempo para depositar arraigos.
El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo al tramitar la solicitud de medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.
El grupo está implicado en delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
La estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán.
A los arrestados en la Fase II de la Operación Caimán la pasada semana se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.
También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación, cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.
El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa.
Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.
Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.
