La fiscalía de Venezuela dictó el jueves orden de aprehensión y presentó una solicitud de alerta roja a la Interpol contra el dirigente político opositor, Juan Guaidó, por presuntamente haber utilizado recursos del Estado para financiar al extinto gobierno interino.
Guaidó es señalado por la fiscalía de haber cometido los presuntos delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción del dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que documentos de una corte de Delaware, en Estados Unidos, relacionados con una posible liquidación de Citgo, la filial de PDVSA en EEUU, confirmaron parte de las investigaciones que adelantaba la fiscalía.
Saab aseguró que el gobierno interino, disuelto a inicios de este año, financió “gastos personales” con recursos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), causando pérdidas al Estado por unos 20.000 millones de dólares.
“La corte de Delaware detalla que ese falso Gobierno, liderado por este sujeto despreciable, usó los recursos de PDVSA para financiar gastos personales, gastos “legales” y obligó a PDVSA, utilizando la figura del gobierno ficticio, a utilizar sus términos para un presunto refinanciamiento. Por esa vía el prácticamente él entregó a Citgo” dijo Saab en una declaración transmitida por el canal del Estado el jueves por la noche.
Citgo es la séptima mayor refinería en EEUU que acreedores intentan embargar para saldar deudas pendientes del Estado venezolano y que se encuentra protegida hasta el próximo 20 de octubre por una licencia de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Guaidó, expresidente del Parlamento de 2015, fue proclamado presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por al menos cincuenta países, argumentando que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección fue “fraudulento”.
Guaidó se encuentra exiliado en EEUU desde abril de este año, a donde llegó tras ser “obligado” por el gobierno del presidente Gustavo Petro a abandonar Colombia, donde esperaba ser escuchado en una conferencia internacional convocada para abordar la crisis de Venezuela.
A inicios de este año, el Parlamento de mayoría opositora que, por tercera vez consecutiva, extendió su mandato, decidió disolver el interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos, órgano competente para proteger todos los bienes o activos de Venezuela en el Exterior.
