Santiago.-El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre y una mujer que conformaban una red criminal que reclutó a menores de edad para explotarlos sexualmente.
La investigación que lleva a cabo el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago identificó e individualizó a los imputados Andrés Acosta Vargas, un abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.
La investigación, a cargo del fiscal Juan Osvaldo García, estableció que los imputados fungían como reclutadores de la red criminal y ubicaban, especialmente a menores de edad, personas vulnerables a quienes ofrecían diversas sumas de dinero a cambio de que accedieran a sostener relaciones sexuales con otras víctimas también menores de edad.
Los sospechosos hacían contacto con adolescentes de entre 13 y 17 años de edad a quienes ofrecían dinero en efectivo y otros regalos, a cambio de que sostuvieran relaciones sexuales entre sí, mientras el hombre grababa estos actos sexuales.
A una de las víctimas menores de edad, contactado vía una aplicación de citas, Acosta Vargas le ofrecía dinero para que sostuvieran relaciones sexuales, pero, ante su negativa, le ofreció presentarle a una de las víctimas adolescentes.
Una de las adolescentes abusadas fue trasladada por los investigados mediante engaño, desde la provincia Valverde hasta Santiago.
La Fiscalía de Santiago ha podido identificar a por lo menos tres víctimas de esta estructura criminal, incluyendo a una adolescente de 17 años de edad en estado de gestación.
La fiscalía pidió al tribunal que autorice el anticipo de pruebas a las víctimas menores de edad y a otro menor, en calidad de testigo, en el interés de conservar sus testimonios, evitando su revictimización, y su exposición recurrente ante un tribunal.
La Fiscalía sostiene también en la petición al tribunal, que se autorice el levantamiento de evidencia forense, con la extracción de información de los aparatos celulares presentados como una evidencia probatoria de alto interés en la investigación.
En la oferta probatoria presentada al tribunal, el órgano investigador depositó certificaciones de los elementos de prueba encontrados durante el allanamiento a la residencia del imputado Acosta Vargas, entre las que se encuentran una gran cantidad de preservativos, tanto nuevos como usados, somníferos y otros medicamentos, varias cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo, estimulantes sexuales, entre otros elementos recolectados en la requisa por la procuradora fiscal Cristina Ramírez.
De manera provisional, el Ministerio Público le atribuye a los imputados la violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el artículo 396 (letras B y C) de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y transgresión a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual en perjuicio de menores de edad, y crímenes y delitos de alta tecnología.
