El Ministerio Público presentará el próximo 20 de noviembre, ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, su acusación contra los miembros de la estructura criminal judicializada por fraude inmobiliario y lavado de activos a partir de la Operación Guepardo.
El tribunal aplazó la audiencia con el propósito de garantizar la notificación de nuevas querellas presentadas con posterioridad al depósito de la acusación formulada por el Ministerio Público.
En representación del Ministerio Público compareció un equipo de litigación integrado por los fiscales Claudio Cordero y Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con Mayerling Rondón, en representación de la Fiscalía de La Romana.
Durante la audiencia, la jueza Denia Beras de Mota, apoderada del caso, dispuso que las víctimas que resultaron afectadas por los hechos investigados puedan ejercer su derecho a constituirse en querellantes y actores civiles, fijando como fecha límite el 16 de noviembre de 2026 para la recepción de nuevas querellas. La medida procura asegurar la participación de todos los afectados sin vulnerar sus derechos procesales.
Asimismo, el tribunal fijó para el 20 de noviembre de 2026 el inicio de la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público y los incidentes procesales correspondientes.
En la audiencia la magistrada Beras de Mota indicó que las víctimas que hasta la fecha no se han querellado, y tengan el interés de hacerlo, pueden ejercer sus derechos conforme a la ley, con fines de organización procesal y para facilitar la notificación de las nuevas querellas antes de la continuación de la audiencia preliminar.
El proceso judicial surge a partir de la investigación desarrollada el pasado año 2025, en el marco de la Operación Guepardo. El Ministerio Público presentó una acusación sustentada en más de 1,660 elementos de prueba, contra una presunta estructura criminal dedicada al fraude inmobiliario, la estafa electrónica y el lavado de activos, acusada de afectar a más de 426 víctimas, tanto nacionales como extranjeras.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de garantizar el debido proceso, la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y la presentación de todas las pruebas recopiladas durante la investigación, a fin de que los hechos sean debidamente esclarecidos en el marco de la ley.
