Santo Domingo. En el marco del Día Mundial del Hábitat, representantes de comunidades urbanas realizaron este lunes una concentración pacífica para exigir al Estado dominicano el cese de los desalojos forzosos y la adopción de medidas concretas que garanticen el derecho a una vivienda adecuada y un hábitat digno, con especial atención a la reducción del déficit habitacional y a la seguridad jurídica de la tenencia del suelo.
En la concentración participaron representantes de comunidades que se encuentran en amenaza y/o desalojadas forzosamente, entre ellas La Mina en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este; Las Malvinas en el Distrito Nacional; El Carril en Bajos de Haina; así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo, El Gran Valiente, Sector la 22 y Mirador Aéreo La Caleta.
Las mismas forman parte de los procesos acompañados por la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, espacio desde el cual organizaciones sociales y comunitarias han dado seguimiento a las situaciones de desalojos y amenazas de desalojo y han impulsado propuestas para garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat digno.
Durante la concentración, las organizaciones comunitarias señalaron que los desalojos y las amenazas de desalojo continúan generando incertidumbre y vulnerabilidad para cientos de familias que han construido durante años sus viviendas y desarrollado vínculos sociales, comunitarios y económicos en sus territorios.
Los representantes comunitarios insistieron en que la respuesta al déficit habitacional no puede limitarse a la construcción de nuevas viviendas, sino que debe incorporar medidas que permitan a las familias permanecer de manera segura en los territorios que habitan, mejorar progresivamente sus viviendas y acceder a mecanismos que garanticen jurídicamente la tenencia del suelo.
En ese sentido, plantearon la necesidad de avanzar hacia una legislación que contribuya a resolver la inseguridad jurídica de la tenencia, estableciendo mecanismos claros para la regularización y protección de las familias y comunidades, particularmente aquellas que durante décadas han ocupado y consolidado territorios urbanos.
“Necesitamos seguridad sobre el lugar donde vivimos. No podemos seguir construyendo nuestras casas, nuestras familias y nuestras comunidades con el temor permanente de que cualquier día podamos perderlo todo. Queremos soluciones que reconozcan nuestro derecho a permanecer y vivir dignamente en nuestros territorios”, expresó Sócrates Peguero, representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano y coordinador general de la Red Urbana Popular.
Asimismo, las comunidades solicitaron retomar el Plan de Acción por una Vivienda Digna en Suelo Seguro y Titulado, como instrumento para impulsar soluciones integrales que articulen el acceso a la vivienda, la regularización de la tenencia, el mejoramiento de los barrios y la protección de las familias frente a desplazamientos y desalojos forzosos.
A juicio de los comunitarios, avanzar en estas medidas permitiría enfrentar de manera estructural una problemática que durante años ha afectado a sectores populares urbanos y que no se resuelve desplazando a las familias de los territorios donde han construido sus proyectos de vida.
Las comunidades recordaron, además, que el artículo 59 de la Constitución dominicana reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna con servicios básicos esenciales y establece la responsabilidad del Estado de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho.
En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades nacionales, al Congreso Nacional y a las instituciones vinculadas a las políticas de vivienda, hábitat y ordenamiento territorial a establecer espacios de diálogo con las comunidades para avanzar hacia respuestas que prioricen la permanencia, la regularización y el mejoramiento de los territorios, evitando que los desalojos se conviertan en la respuesta frente a los conflictos relacionados con la propiedad y la ocupación del suelo.
“En este Día Mundial del Hábitat volvemos a decir que desalojar familias no reduce el déficit habitacional; lo profundiza. El país necesita una política de vivienda y de ordenamiento territorial que proteja a quienes ya han construido sus hogares y comunidades, que garantice suelo seguro y titulado y que permita que el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todas las personas”, manifestaron.
Finalmente, las organizaciones y comunidades participantes reiteraron tres demandas centrales: el cese de los desalojos forzosos; la aprobación de mecanismos legales que garanticen la seguridad jurídica de la tenencia del suelo; y la reactivación de acciones públicas dirigidas a garantizar vivienda digna en suelo seguro y titulado, como parte de una estrategia integral para reducir el déficit habitacional en la República Dominicana.
