La posibilidad de que Francisco Javier García no participara en la consulta que organizaba el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para escoger su candidato presidencial, terminó de precipitar la suspensión de un proceso que ya enfrentaba obstáculos legales, logísticos y políticos.
Aunque García no llegó a anunciar públicamente su retiro, fuentes conocedoras de las discusiones internas indican que dirigentes influyentes de la organización fueron enterados de que éste anunciaría su retiro por considerar que no estaban dadas las condiciones para un proceso equitativo y que por tanto se sumaría a Abel Martínez de presentarse como precandidato cuando se convocara en los plazos legales establecidos por la Junta Central Electoral.
La determinación adquiría especial relevancia porque Francisco Javier figuraba entre los aspirantes que serían medidos en la consulta, junto a Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Luis de León y Manfred Mata, lo que lo convertía a él en una figura clave para la legitimación de ese proceso.
Su salida dejaba el mecanismo todavía más debilitado políticamente, pues Abel Martínez ya había decidido mantenerse al margen, argumentando que el proceso se encontraba fuera del marco legal.
A esas objeciones se había sumado Francisco Domínguez Brito, otro de los principales aspirantes presidenciales peledeístas, quien había cuestionado la legalidad de realizar la consulta fuera de los períodos contemplados por la legislación electoral.
La JCE afirmó que el mecanismo no cuenta con respaldo legal dentro de la legislación actual de partidos políticos, al no corresponder con los plazos oficiales de precampaña, por lo que decidió no facitarle los 1,800 kits de equipos tecnológicos requeridos para realizar el proceso interno.
La Comisión Organizadora explicó en su comunicado oficial que requería un mínimo de 2,200 equipos de votación automatizada. La JCE le comunicó al PLD su negativa de facilitarle los equipos para el proceso por estar fuera de los plazos de Ley, pero le ofreció unos 500 para formación de los técnicos del partido.
La entidad partidaria argumentó que sin los equipos solicitados a la Junta resultaba materialmente imposible ejecutar el mandato de realizar elecciones automatizadas en el territorio nacional.
Además de los impedimentos tecnológicos, el organismo peledeísta denunció una intensa ofensiva judicial y divergencias en el padrón interno que amenazaban la unidad estratégica de la organización.
Finalmente, el PLD anunció la suspensión y decidió trasladar la definición de su candidatura presidencial al período establecido por la legislación electoral, a partir de julio de 2027 y en coordinación con los organismos electorales.
