El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó este viernes al profesional de la Medicina que trata al exsenador Rafael Porfirio Calderón que entregue al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el récord de salud del imputado por corrupción que viene solicitando desde el pasado mes de noviembre aplazamientos de audiencias por licencia médica.
La jueza Altagracia Ramírez acogió la petición formulada por el Ministerio Público con el propósito de que se cumplan los tiempos procesales en el conocimiento de la audiencia preliminar contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz recordó que el imputado Calderón presentó en el día de ayer, jueves, otra licencia médica de 30 días.
“Siguiendo incluso una preocupación del tribunal y de algunas defensas sobre la agilización del proceso, el Ministerio Público encaminó esfuerzos para que, en menos de 24 horas, el Inacif pudiera establecer la condición de salud del imputado; sin embargo, aunque los profesionales certificados del Inacif realizaron la visita y la inspección médica, al no poder tener acceso al expediente, no pudieron establecer conclusiones”, añadió.
“Por esa razón, los fiscales requerimos al tribunal, para evitar una suspensión de 30 días, que ordene al médico tratante del imputado que entregue copia del expediente clínico al Inacif”, indicó Mirna Ortiz.
La jueza Ramírez ordenó la entrega inmediata del expediente médico completo del imputado al Inacif para que la institución forense pueda realizar la experticia debidamente fundamentada.
La audiencia fue recesada por segunda vez esta semana, con nueva fecha para el próximo jueves 18 de diciembre.
Los imputados del caso son procesados por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos.
Los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía.
