La procuradora General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en representación del Ministerio Público, ordenó apertura a juicio de fondo contra Juan Antonio Adames Bautista por distraer más de 400 millones de pesos de fondos públicos del ayuntamiento municipal de La Romana.
La desición fue tomada tras la corte rechazar el incidente que buscaba la extinsión penal del caso del imputado.
El expediente acusatorio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicita la admisión en todas sus partes de la presente Acusación por estar hecha conforme al derecho y sustentada en pruebas licitas, útiles, pertinentes y suficientes.
Además, la corte pidió validar y admitir todos y cada uno de los elementos de prueba sometidos a este Juzgado de la Instrucción en el presente escrito de acusación, a fin de que los mismos puedan ser producidos en el juicio que habrá de celebrarse, por haber sido obtenido conforme a los procedimientos legales establecidos.
Asimismo, solicitó mantener la medida de coerción que pesa en contra de los acusados Juan Antonio Adames Bautista,Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes, consistente en prisión preventiva, por ser la única que garantiza que los mismos no se sustraigan al proceso que se le sigue.
En otro orden, el expediente contempla la imposición de medida de coerción, consistente en prisión preventiva contra Michael Ferreyra Berroa, acusado como autor de uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y se constituyó en asociación de malhechores, por el peligro de fuga que presenta.
El pedimento finaliza con intimar a las partes para que en el plazo común de cinco días comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar de las notificaciones.
Sobre Tony Adames
Tony Adames está acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de desfalcar al Estado por 200 millones de pesos, en su gestión de alcalde 2010-2016.
Conforme a la Pepca, el suspendido alcalde romanence enfrenta cargo de falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.
El expediente acusatorio contra el edil es el No. 334-2022-EPEN-00896, sustentado en violaciones a los artículos 123, 145, 150, 151, 166, 265, 266, del Código Penal Dominicano.
Por ese caso se le dictó prisión domiciliaria, como medida de coerción, pero, para el cinco de septiembre de 2017, al edil le fue variada la medida de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país.
