La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Este, lograron condenas de 67 años para 11 de 12 miembros de una poderosa red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, algunos de los cuales arribaron a un acuerdo penal abreviado con la institución.
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, acogió en todas sus partes los pedimentos del Ministerio Público en cuanto a la admisión del acuerdo penal, para la condena de 7 de los imputados y que se dictase auto de apertura a juicio para los restantes 5 miembros de la red, quienes también fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, a penas de entre 7 y 5 años por su participación activa en los hechos criminales.
Se recuerda que en fecha 22 de julio de 2017 se decomisaron 41 sacos de nylon, conteniendo en su interior la cantidad total de 1,010.46 kilogramos de cocaína clorhidratada, que trasladaban en un vehículo marca Peugeot, modelo Boxer, color blanco, por lo que fueron acusados de manera formal 12 integrantes de la referida estructura.
Los tribunales apoderados acogieron la condena de 10 años de prisión y 200 salarios mínimos para Radhamés Sánchez Sánchez y John Kelly Castillo, a cumplirse en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. En cuanto a los imputados Elvis Radhamés Sánchez Morales, Ereminda Francisca Álvarez Rodríguez, Ludy Mariel Gálvez, Solangel de León Cruz y Héctor Bienvenido de León Núñez, los condenó a una multa de 50 salarios mínimos y 5 años de prisión, con pena suspendida, entre las que se destacan el abstenerse de porte de armas, la realización de trabajos de utilidad pública, entre otros. En cuanto Miguel Ángel Morla Castro, fue condenado a 7 años de prisión, y los acusados Wander Castillo, Porfirio Espiritusanto de Castillo y Héctor de León Richardson a 5 años de prisión.
Las multas ascienden a catorce millones quinientos mil pesos dominicanos, RD$14,500,000.00.
Por su parte, Richard Nivar fue descargado, por lo que el Ministerio Público espera la decisión íntegra del Primer Tribunal Colegiado, a los fines de ponderar recurrir.
Los tribunales decomisaron a favor y provecho del Estado dominicano 10 inmuebles, valorados en más de 300 millones de pesos, ubicados en lujosas zonas de Santo Domingo, áreas turísticas de Bayahibe, La Altagracia y La Romana, así como una finca en El Seibo; más de ciento setenta millones de pesos dominicanos RD$ 170, 000,000.00 y unos 20 mil dólares americanos, seis armas de fuego, entre pistolas, escopetas y fusiles, 5 vehículos de alta gama, Jeep Wrangler Unlimited, Ford, entre otros.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada, estableció que continúan asestando un duro golpe al lavado de activos, provenientes del narcotráfico y que casos como este, generan una satisfacción al órgano persecutor, por los importantes bienes muebles e inmuebles decomisados a la red criminal.
Los fiscales litigantes fueron Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, e Ignacio Rojas, de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
