La pastora Rossy Guzmán, imputada en la Operación Coral, quedó en libertad condicional este martes, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional variara la medida de coerción que le había sido impuesta y le otorgó libertad condicional.
De esa manera, Guzmán tendrá impedimento de salida y una garantía económica de 50 millones de pesos, dispuesto por la jueza Esmirna Giselle Méndez, quien acogió la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa de la pastora Rossy Guzmán Sánchez.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, en representación del Ministerio Público, dijo que esperarán que el tribunal les notifique la decisión, para analizar los argumentos para la misma y determinar si apelan o no.
La pastora Rossy Guzmán Sánchez, está entre los imputados en la en el caso de la Operación Coral, mediante la cual el Ministerio Público destapó un entramado de corrupción, acusado de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, entre los años 2012 y 2020. Además de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados están, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez D’ Aza.
De igual manera, al general Torres Robiou (FARD) y José Manuel Rosario Pirón. Así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene pautado el inicio del juicio de fondo contra los imputados para el jueves 9 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
