Con el objetivo de continuar retrasando el avance de la audiencia preliminar en el caso Falcón, la defensa técnica recusó al juez del Quinto Juzgado de la Instrucción.
La recusación al juez Cirilo Salomón Sánchez por parte del abogado José de los Santos Hiciano, representante del imputado Lenin Torres y de la entidad societaria Lenín Auto Import, ocurre tras el arresto, en Colombia, del líder de esta estructura criminal, Erick Randiel Mosquea Polanco.
En la Operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público, en colaboración con otros organismos de seguridad e inteligencia, desarticularon una poderosa estructura del crimen organizado que se especializó en múltiples delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego.
A dos años de que el Ministerio Público presentara la acusación formal en contra de unas 70 personas físicas y entidades societarias, los incidentes que presentan los abogados redundan en torno a los mismos recursos.
Representada en los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, la Fiscalía de Santiago rechazó la recusación, por entenderla infundada y extemporánea.
No obstante, la presentación de este incidente motivó al aplazamiento de la audiencia preliminar para el próximo 9 de enero del 2025.
La Fiscalía de Santiago, consciente del alto perfil delictivo de los procesados, analizó miles de documentos y desarrolló múltiples diligencias de investigación, para aportar al juzgador la suficiencia probatoria necesaria para obtener condenas ejemplares.
El Ministerio Público reitera que está listo para dar continuidad a la audiencia preliminar, el próximo jueves 9 de enero del 2025.
Los implicados en la estructura del crimen organizado enfrentan cargos por lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos que, disfrazados como actividades comerciales legales, movilizaba miles de millones de pesos.
El desmantelamiento de esta red criminal es el resultado de un trabajo coordinado por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y que ha contado, además, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
