Con una popularidad por debajo del 50 por ciento, un déficit federal en aumento, y una combinación de crisis interna en la que están involucrados el sistema político, judicial y económico de los Estados Unidos, los pronósticos para que el presidente Joe Biden se alce con la reelección el próximo año 2024 no son nada halagadores.
Si a eso agregamos los problemas de caídas y constantes tropezones sin obstáculos visibles que ha sufrido Biden en los últimos meses, la preocupación entre la dirigencia del Partido Demócrata se acrecienta, temerosa de que la reelección se le escape de las manos frente cualquier candidato que presente el Partido Republicano.
De hecho, medios de comunicación televisivos y escritos han publicado informes de que el mandatario podría estar padeciendo de fibrilación auricular (latidos cardíacos irregulares), hiperlipidemia (alteraciones del metabolismo de las grasas), reflujo gastroesofágico, artritis espinal y neuropatía periférica sensorial leve (debilidad y entumecimiento) en las manos y los pies.
Ante esa realidad, habría que preguntarse si el octogenario mandatario cumpliría su segundo mandato de cuatro años, en caso de que resultara triunfador en las elecciones de noviembre de 2024.
Su principal oponente, el ex presidente Donald Trump, a pesar de que enfrenta varios juicios penales de difícil escapatoria de ser condenado por los delitos que se le imputan, aún persiste en creer que no solo será el candidato presidencial de los republicanos para las próximas elecciones, sino que será juramentado como el 47avo. mandatario de los EEUU, en enero de 2025.
Los demócratas piensan que de ser condenado Trump por uno o por varios de los delitos que se les imputan, éste quedaría fuera del juego político facilitando la reelección de Biden.
Sin embargo, la Constitución de los EU no impide a Trump a aspirar a la presidencia, sino que tampoco contempla la prohibición de ser presidente a un condenado por la justicia federal.
El único caso podría perjudicar las aspiraciones presidenciales de Trump, es si es condenado por el delito de insurrección por estar involucrado directamente en lo ocurrido en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y, por este hecho, el ex presidente republicano no ha sido acusado.
Mientras Trump intenta quitarse la espada de Damocles de su cuello para lograr llegar sano y salvo a la Presidencia de los EEUU por segunda vez, la administración Biden continúa lacerando los bolsillos de los estadounidenses, con su política de apoyo económico a países inmersos en conflictos bélicos y que en nada ponen en peligro directo a la gran nación del norte.
En medio de una crisis económica severa y la contemplación de una reducción del Producto Interno Bruto (PBI) en 2024, Estados Unidos continúa enviando miles de millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, dinero que sale de los impuestos pagados por los contribuyentes estadounidenses.
Biden anunció ahora otro paquete de ayuda multimillonaria para Israel (US$14,000 millones), en solidaridad con la guerra de exterminio que esta nación lleva a cabo contra el grupo palestino Hamás.
Sin embargo, la Casa Blanca no las tiene todas a su favor, ya que en el Congreso la mayoría republicana de línea dura pretende detener los miles de millones de dólares en pertrechos militares destinados al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky, y las ayudas económicas anunciadas a favor del gobierno Israel.
La administración Biden propuso un paquete combinado de ayuda de 106 mil millones de dólares que incluyen, además del gobierno de Kiev y la nación hebrea, 13,600 millones para asegurar la frontera con México, y 7,400 millones para el gobierno de Taiwán y la región occidental Indo-Pacífico.
Toda esta ayuda económica que benefician a países extranjeros, especialmente Ucrania e Israel, surgen en el momento en que la economía interna en Estados Unidos socaba los bolsillos de los estadounidenses, lo que tendrá una dura repercusión en las decisiones a tomar con relación a las elecciones de noviembre de 2024.
