La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Gobierno de República Dominicana investigar un posible caso de espionaje electrónico contra la periodista Nuria Piera y el castigo de este tipo de acciones para desalentar el uso de “mecanismos ilegales de vigilancia digital”.
La entidad, con sede en Miami (Estados Unidos), divulgó un comunicado este jueves en el que señala que un informe del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional dado a conocer el miércoles, Día Mundial de la Libertad de Prensa, detalla que un teléfono de Piera fue infectado con el software espía Pegasus en tres ocasiones entre 2020 y 2021.
Piera, miembro de la Junta de Directores de la SIP, corroboró que durante la fecha del espionaje investigaba denuncias por corrupción relacionadas con el Gobierno de Danilo Medina, casos que derivaron en procesos judiciales.
La SIP, en su reciente reunión de Medio Año, criticó en las conclusiones que los gobiernos de El Salvador y México utilizaran el software Pegasus.
En una resolución, la SIP condenó además a los regímenes de Cuba y Venezuela por vigilar a los periodistas y bloquear sus comunicaciones y la de sitios de noticias por internet nacionales y extranjeros.
“Esta práctica ilegal viola la privacidad a la que tiene derecho toda persona, además de afectar la confianza del periodista con sus fuentes informativas”, dijo Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, señaló, por su parte, que el espionaje mediante Pegasus es un problema denunciado desde hace años en varios países de la región.
“Es importante que los gobiernos se abstengan de utilizar estos mecanismos, investiguen y castiguen a los responsables para desalentar estas prácticas ilegales e ilegítimas”, sostuvo.
La SIP subraya que, de acuerdo con Amnistía Internacional, República Dominicana es el tercer país del continente, después de México y El Salvador, donde se ha usado Pegasus en contra de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.
La Declaración de Salta de la SIP sobre libertad de expresión en el ecosistema digital establece en su artículo 7 que “las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos”.
