El número de nicaragüenses detenidos en su país por motivos políticos tras la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que transforma el Estado y otorga un poder total al presidente, Daniel Ortega, se elevó a 30, denunció este viernes la organización Monitoreo Azul y Blanco.
“Desde el 22 de noviembre hemos confirmado al menos 30 detenciones ilegales, con otra cantidad de denuncias por verificar”, indicó esa organización, que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos en relación con el contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
En una declaración, esa organización señaló además que las familias de las personas detenidas no tienen acceso a información sobre el paradero y estado de sus parientes, “en una flagrante violación de los derechos humanos”.
“Esta nueva redada se distingue por una crueldad sin precedentes, dejando en evidencia la intención del régimen de silenciar cualquier voz disidente mediante el uso del terror”, alertó.
Detenidos sin órdenes legales ni acceso a abogados
Según el registro del Monitoreo Azul y Blanco, los nicaragüenses fueron detenidos en sus hogares, sin órdenes legales y sin acceso a abogados o visitas familiares, en contra de las garantías mínimas establecidas por el derecho internacional y los derechos fundamentales constitucionales.
Esa organización solicitó con urgencia a los Estados de la región y los organismos internacionales “acciones urgentes para presionar al régimen a liberar a las personas detenidas y cesar la persecución sistemática”.
También para que se permita el acceso a Nicaragua de organismos de derechos humanos para investigar “estos crímenes y garantizar la protección de las personas afectadas”.
Asimismo, demandó la “solidaridad activa de los pueblos y gobiernos de las Américas para frenar esta escalada de violencia estatal”.
“La vida, integridad y dignidad de estas personas está en grave riesgo. La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante estos hechos ¡Es hora de actuar!”, abogó.
De momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega ganó su un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
