El Ministerio de Salud Pública depositará a más tardar el jueves la querella formal ante la Fiscalía Especializada de Salud, en contra de Elizabeth Silverio, por ejercer en el área de la salud sin el debido exequátur de ley.
Así lo informó el encargado de asuntos jurídicos de SP, Luis Tolentino, al tiempo que aseguró, que responden a la violación que incurrió Silverio del artículo 156 numeral 7 de la Ley de Salud 42-01 que establece la prohibición de ejercer en cualquier rama de la salud sin el debido exequátur de ley, por lo que podría enfrentar de dos a 10 años de prisión.
Un Reportaje de N Investigación Periodística, reveló que Silverio ejerce bajo títulos falsos en el centro de terapia infantil Kongland, donde es la propietaria junto a su esposo.
Tolentino informó que tras el cese de operaciones del centro de terapia infantil, citaron a su propietaria para que presente en el ministerio las documentaciones que avalen si ciertamente es profesional de la salud, aunque entienden lo que están es revalidando la información para continuar con la querella, ya que la misma Silverio dijo a medios de comunicación que no tiene exequátur, sin embargo aún no se ha presentado.
Afirmó que la ley de Salud establece sanciones que van de 2 a 10 años de prisión a esta infracción que es considerada como un crimen.
“Básicamente luego del cierre lo que procede es continuar con la investigación, validamos ciertamente en nuestro sistema que no tenga un exequatur, y emitimos la certificación. Anexamos al expediente de las pruebas que están recabadas tanto en los medios de comunicación como en el ministerio y procedemos a preparar una querella que se deposita en la Fiscalía de la Salud”, sostuvo Tolentino.
Asimismo dijo que también serán investigando los colaboradores del centro de terapia infantil y que las consecuencias serán de acuerdo a la gravedad de su vinculación con los hechos.
Este domingo, el Ministerio de Salud Público cerró el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland y anunció el sometimiento por ante la Justicia de su directora, Elizabeth Silverio Sillien, por violaciones a la Ley General de Salud, 42-01.
