La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo este miércoles que apoya las investigaciones realizadas por el Ministerio Público contra varios de sus empleados, por supuestamente establecer una red de sobornos en la que borraban fichaje a confesos delincuentes.
Ramos dijo que personal de su entorno laboral está involucrado en la operación Gavilán, aunque no reveló sus nombres, ni cuantos de los 12 involucrados pertenece a la Fiscalía del Distrito Nacional.
“Ha traído gran conmoción, para nosotros como institución nos entristece porque hay personas allegadas al entorno laboral que están involucradas en el proceso, pero también es una muestra de fortaleza de la institución el hecho de que se están haciendo las investigaciones como corresponde”, dijo Ramos al hablar con la prensa.
La funcionaria aseguró que no tenía conocimiento del esquema de sobornos que se manejaba dentro del órgano persecutor, y que se enteró con el allanamiento que hizo la Procuraduría General de la República a su sede.
“Hay personas involucradas que tienen que ver con la fiscalía, el número de personas que están siendo investigadas no quiere decir que mañana no se pueda continuar. Nosotros no teníamos conocimiento hasta ahora que se hizo la investigación”, indicó.
Ramos recalcó que es la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que lleva la investigación a cabo, y no la Fiscalía del Distrito Nacional, la cual se mantiene al margen a la espera de los resultados del proceso.
También indicó que no hay conocimientos del alcance que pudieran tener las organizaciones criminales en el esquema de sobornos, pero que el Ministerio Público está comprometido con una investigación objetiva en la Operación Gavilán.
El Ministerio Público puso en marcha, en la madrugada de este martes, la Operación Gavilán contra de una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Un equipo de fiscales, en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
En los allanamientos fueron arrestadas 12 personas, incluyendo a un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un expolicía.
El equipo de investigación tiene varios fiscales bajo investigación y en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción.
Para la persecución penal, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la Directora General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y para el aspecto disciplinario al Inspector General de la institución, Viterbo Cabral.
En la Operación Gavilán trabajan fiscales de unidades especiales del Ministerio Público, como Sourrely Jaquez y Andrés Mena, quienes cuentan con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo los lineamientos directores de sus responsables, el mayor general Eduardo Alberto Then y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medida de coerción en contra de los imputados por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violacion a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
