Participación Ciudadana expuso en un comunicado de prensa que ellos apoyan la propuesta del presidente Abinader de convocar la Asamblea Nacional para conocer las modificaciones solicitadas a la Constitución de la República, y que esta tenga un tope máximo de 110 diputados en la reducción.
La propuesta de PC es basada en la iniciativa del mandatario que consta de cuatro objetivos esenciales: un candado a la Carta Magna, consolidar la independencia del Ministerio Público, reducir el número de diputados de 190 a 137 y unificar las elecciones.
Sin embargo, el movimiento cívico considera que las propuestas deben ser discutidas cuidadosamente, consultadas con todos los sectores y decididas en el orden de fortalecer la democracia dominicana, más allá de los intereses particulares.
En relación a la reunificación de las elecciones, PC dice que favorece la vuelta a lo establecido en la reforma del 1994, de separación de dos años entre las municipales y congresuales por un lado y las presidenciales por el otro.
Explican que, hoy más que nunca, sigue siendo importante reducir el nivel de arrastre, para mejorar la independencia de los gobiernos locales y del propio Poder Legislativo.
Asegurando que, el actual modelo de separación de tres meses en el mismo año ha fracasado, primero porque no disminuye el arrastre, más bien lo aumenta, segundo porque la concentración de tanto trabajo en un período tan corto agrega riesgos en los aspectos administrativos y logísticos de la Junta Central electoral, así como en las decisiones del Tribunal Superior Electoral, que pueden afectar seriamente ambas elecciones, como ocurrió en el 2020.
Los señalamientos en cuanto al costo y el esfuerzo que conlleva celebrar elecciones cada dos años, primero no deben ser el aspecto prioritario a tomar en cuenta, frente a la necesidad de fortalecer los gobiernos municipales y, segundo, pueden ser subsanados con efectivas medidas para reducir los tiempos de campaña a solo tres meses y hacer cumplir las disposiciones de las leyes electorales.
Participación Ciudadana apoya la propuesta de reducir la matrícula de diputados a un tope máximo de 110, sobre la base de circunscripción territorial, no sujeto al aumento poblacional. Con respecto a los 20 diputados por votación acumulativa a nivel nacional, debe quedar claro que los mismos se distribuirían solo entre los partidos que no logren representación congresual y obtengan más del 1% de los votos. Esto permitiría la entrada al Congreso Nacional de ciudadanos y ciudadanas que, siendo minoría, pueden hacer importantes aportes al país y dar oportunidad a la diversidad.
En su comunicado dicen reconocer que, esta reducción de la cantidad de diputados va a crear y ya está creando, cierto rechazo de algunos representantes de los partidos políticos que se benefician de la actual situación, pero aspiran a que esta propuesta del presidente sea respaldada porque es una de las que cuenta con mayor apoyo popular, ha sido un reclamo nacional por mucho tiempo y sería un gesto de desprendimiento y un paso de avance muy significativo en el orden de la reducción de los gastos y beneficios que actualmente disfruta este sector.
Participación Ciudadana propone, además, revisar el artículo 27 de la Constitución sobre la participación del país en los parlamentos internacionales, con la finalidad de establecer requisitos que permitan excluir a la República Dominicana del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), para evitar el gasto innecesario y sobre todo el refugio de los funcionarios corruptos bajo el manto de la inmunidad parlamentaria.
Participación Ciudadana apoya la propuesta del presidente Abinader de mantener el sistema actual que permite al presidente de la República optar por un segundo período y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia. También apoyamos que para reforzar esta disposición se incluya un nuevo artículo, que sería el 278, que dispondría que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando ésta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo que ocupa. Esto se completaría con una disposición transitoria de que el presidente elegido en el 2024, es decir, él mismo, no podrá repostularse en el siguiente período ni en ningún otro.
En cuanto a la independencia de la Procuraduría General de la República, Participación Ciudadana entiende que la propuesta del presidente Abinader reúne dos factores que podrían contribuir al objetivo que se persigue. Estos son: que el presidente de la República proponga a la persona y que el Consejo Nacional de la Magistratura lo designe. Se reduce de esta manera el nivel de discrecionalidad pues el presidente deberá proponer a alguien que sea aceptable para la mayoría del Consejo. El Segundo factor es que la persona propuesta no haya ocupado cargo directivo en partido alguno, no haya sido candidato a algún cargo de elección popular ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años anteriores a su designación. También apoyamos la propuesta de exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.
Sin embargo, Participación Ciudadana no está de acuerdo con la reducción a dos años de la inamovilidad del Procurador General, ya que esto pone en riesgo su independencia y permitiría que pueda ser removido de su cargo a los dos años, como castigo a quien no resulte conveniente a los intereses del Poder Ejecutivo o de otros sectores. La inamovilidad de jueces y fiscales es la columna vertebral de la independencia del Poder Judicial, por lo que debe ser lo más amplia posible, al menos por 4 años y solo destituible por juicio político.
Participación Ciudadana dice apoyar también la propuesta de modificación del artículo 169 para concentrar al Ministerio Público exclusivamente en su función de órgano responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
De esta manera, todas las otras funciones actuales del Ministerio Público, como la política preventiva contra los crímenes y delitos, administración de las cárceles, registro de notarios, de certificados de buenas conductas y el abogado general de la administración pública, entre otras, pasarán al ministerio de justicia una vez sea creado por ley, cambios que deberán fortalecer los resultados de este poder del Estado y contribuir con la reducción de la impunidad, la protección de derechos y el acceso a la justicia.
