República Dominicana ha deportado este año a 114,884 haitianos, de acuerdo con cifras ofrecidas este martes por la Dirección General de Migración (DGM).
Desde 2016, el país ha deportado 1,177,813 haitianos indocumentados, de los que 114,884 corresponden a este año, según lo expuesto por el responsable de la DGM, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.
El alto cargo militar se refirió en esos términos al impartir la conferencia ´La realidad migratoria de la República Dominicana y la República de Haití´, en la que subrayó, además, que la migración haitiana sigue siendo el mayor desafío para el país, de acuerdo a una nota de su oficina enviada este martes.
La situación del vecino Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, está provocando flujos de personas hacia el territorio nacional, «imponiendo presiones crecientes sobre la educación, la salud y el empleo informal», añadió en el marco de un foro sobre las migraciones organizado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la Comisión de Relaciones Exteriores y Migración del Senado de la República.
Ante este panorama, «hay que defender el interés nacional, respetando los derechos de las personas y la dignidad humana», dijo.
No obstante, Lee Ballester aclaró que no todos los ciudadanos haitianos que viven en República Dominicana están indocumentados ya que, subrayó, en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros de 2014 un total de 206.073 haitianos solicitaron regularizar su estatus y mantienen actualizados sus permisos de residencia y trabajo emitidos por la DGM.
El presidente del país, Luis Abinader, afirmó el lunes que República Dominicana continuará con su política de deportación de haitianos indocumentados, criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, y consideró que el país enfrenta «retos sin precedentes» debido a que en Haití se produce «una situación sin precedentes».
A principios de abril, Abinader dio a conocer una serie de 15 medidas para hacer frente a la inmigración haitiana, entre estas un protocolo polémico para exigir identificación y prueba domiciliaria a los haitianos que acuden a los hospitales, lo que ha derivado en la deportación de decenas de parturientas y embarazadas.
El jueves pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó la implantación del protocolo de verificación migratoria en los hospitales dominicanos, algo que solo en el primer día de implantación derivó en la detención de 87 pacientes haitianas embarazadas y próximas a dar a luz.
Un día antes, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno dominicano poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, iniciado el lunes como parte de las medidas adoptadas por el país frente a la inmigración irregular desde Haití.
Abinader respondió, un día después, que la organización internacional lo que debía hacer era ir a trabajar en Haití (…) «que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití. Y a la comunidad internacional también que lo haga».
