La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de San Cristóbal, logró que un tribunal distribuyera 110 años de prisión y multas por más de RD$16 millones en contra de 16 acusados de dedicarse al lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes en una red desmantelada con la Operación Corona.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, integrado por las juezas Biulkys Milanés Balbuena (presidenta), Rosa Edalia Mateo Álvarez y Ana Inés Susana Quezada, condenó a 12 años de prisión a José Aníbal Cubilete (el Don), en tanto que José Aníbal González Luna fue condenado a 10 años, y Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y Bernardo del Carmen de Jesús Cruz a siete años de prisión (cuatro años en prisión y tres suspendidos bajo reglas), incluyendo someterse a vigilancia del juez de Ejecución de la Pena, residir en el domicilio ofertado en el tribunal, participar en cuatro charlas dictadas por el juez de Ejecución de la Pena, aprender una profesión u oficio, y realizar 60 horas de trabajo comunitario.
William González Reynoso (Valentín) fue sentenciado a 8 años de prisión, al igual que André Gretty Portilla Ortiz e Ezequiel Puente, en el caso de este último cinco de ellos suspendidos y tres bajo las referidas reglas; Morrison Rafael Bonuenta Espinayíu, Luis Ángel Obliyio Espinayíu y Aquino Tomás Carreña Espinayío fueron condenados a seis años de prisión.
También, Marcos Tulio Vélez Londoño fue condenado a cinco años de prisión (tres años y seis meses cumplidos y los demás bajo las referidas reglas) e igual pena le fue impuesta a José Manuel Martínez, Daniel Eduardo Cervantes Montes (el Pequeño y/o el Flaco), Jaime Luis Gutiérrez Montes (Carlos) y a Yony Valentín Féliz Féliz (Daniel).
El grupo, que fue involucrado en el tráfico de más 700 kilogramos diferentes drogas, además de la pena privativa de libertad, también fue sentenciado al pago de diferentes multas con un monto ascendente a dieciséis millones cuatrocientos mil pesos dominicanos (RD$ 16,400,000.00) a favor y del Estado dominicano.
El órgano de justicia recordó que a la referida estructura se le ocupó la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, el 16 de mayo de 2020, así como también 800 gramos de cocaína clorhidratada, 66.45 gramos de tetrahidrocannabinol (THC), principio activo de marihuana, 1.11 gramos de Cannabis Sativa, siendo desmantelada con la Operación Corona.
El Ministerio Público estableció que los procesados formaban parte de una organización trasnacional integrada por dominicanos, colombianos y peruanos, que se dedicaban al tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes.
Sostuvo que lideraban dicha estructura criminal y que se dedicaban a la introducción al país de grandes cantidades de sustancias controladas, específicamente cocaína, provenientes de América, así como de portar armas de fuego de alto y bajo calibre, sin ningún tipo de registro.
En su decisión el tribunal también ordena el decomiso de vehículos de alta gama, inmuebles, armas de fuego (tipo fusiles, pistolas), cápsulas, indumentarias militares como chalecos antibalas, aparatos electrónicos, dinero en efectivo, tanto en moneda nacional, como en dólares, así como todos los fondos inmovilizados de conformidad con las autorizaciones judiciales.
Al recibir la condena de la red criminal, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aseveró, que condenas de este tipo, mandan un mensaje contundente a la desarticulación de las redes criminales, dedicadas a blanquear los capitales, producto de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
Destacó que desde ese órgano especializado se sigue trabajando para enfrentar con peso estos casos.
Los fiscales litigantes por parte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, fueron Luis García, Pedro Medina Quezada, Manuel Santiago Castro y Hitler Stalin Sánchez Mateo, en tanto que por parte de la Fiscalía de San Cristóbal, Daryl Montes de Oca.
Se destaca que producto de estas investigaciones, surgió el denominado caso Operación Larva, el 27 de octubre de 2021, el cual se encuentra en la etapa intermedia, donde se ha desmantelado una red compuesta por 13 personas físicas y 13 personas jurídicas, las cuales se dedicaban al blanqueo de capitales producto de estas actividades ilícitas.
Los procesados fueron hallados culpables de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley de Armas 631-16, y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
