Ante la incertidumbre que genera para el sector arrocero nacional el desmonte arancelario a la importación de arroz en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centro América, y su impacto directo en la producción y comercialización, la Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley que crea la Corporación Dominicana del Arroz (Cordoda).
Esta entidad, junto a su marco regulatorio tiene la finalidad de dirigir, organizar, administrar y promover con fines corporativos, la agroindustria del arroz y todas las actividades conexas a la misma, de conformidad a la iniciativa de ley de la autoría de la diputada Dolores Emilia Fermín Beltrán, representante de la provincia Valverde por el Partido de la Liberación Dominicana.
En su iniciativa de ley, la congresista propone que la Corporación Dominicana del Arroz, deberá establecer un sistema permanente de información e investigación y realizar los estudios técnicos, que le permitan en forma oportuna y eficiente detectar con suficiente antelación y seguridad, situaciones de posible sobreproducción nacional que provoquen excedentes o situaciones de producción deficitaria que originen el desabasto del mercado interno.
Sobre esa base Cordoda deberá informar a los ministerios de Agricultura y al de Industria y Comercio, los detalles de las situaciones anómalas y su origen, indicando las cantidades de arroz en granza que se deberán exportar o importar y las fechas, en que estas transacciones deberán efectuarse para evitar problemas en el mercado local.
En caso de desabastecimiento, el gobierno dominicano, o en su defecto, la Corporación, realizará la importación de arroz, con una tarifa arancelaria reducida. El Ministerio de Agricultura, determinará la cantidad y los períodos de importación de arroz en granza al menos con tres meses de anticipación, tomando en cuenta la recomendación de la Cordoda.
La iniciativa que cuenta con el respaldo de varios legisladores, propone que el gobierno de República Dominicana, por medio del Ministerio de Agricultura, el Instituto de Ciencias y Tecnología y del Ministerio de Industria y Comercio, deben apoyar todas las acciones que promuevan el incremento sostenido de la competitividad del sector arrocero, en las áreas de su competencia.
