La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte logró la imposición de ocho meses de prisión preventiva en contra de dos hombres y garantía económica para otros dos, vinculados a una red criminal dedicada a la exportación ilegal de armas de fuego de diferentes calibres, procedentes de los Estados Unidos hacia la República Dominicana.
El juez Bernardo Coplín, del Tribunal Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, impuso la prisión preventiva en contra de Engels José Castillo García y Braulio Alfredo Torres Ramos, mientras que, a Roberto Reyes Alejo y Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez, les impuso garantía económica de quinientos mil pesos, por medio de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
En la solicitud de medida, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ángel Mena, mostró al tribunal suficientes elementos probatorios que sustentan la imposición de las medidas a los imputados en este caso.
El expediente instrumentado por el fiscal investigador Héctor Manuel Romero Pérez, relata que por medio de una denuncia emitida por la Supervisora de Seguridad Militar y Policial, quien recibió la información de parte de una empresa de transporte nacional e internacional, quienes, en el proceso de inspección de los paquetes para la distribución en el país, notaron en uno de sus depósitos que varios de sus paquetes tenían irregularidades en el cierre.
Al realizar la inspección de manera minuciosa se percataron que en su interior había armas de fuego, por lo que procedieron a notificar la situación, a las autoridades, quienes inmediatamente iniciaron una investigación, en la cual se produjeron varios allanamientos de manera simultánea en los municipios de Santiago y San Francisco de Macorís, con el posterior apresamiento de los cuatro imputados, a quienes iban dirigidas las armas de fuego de alto calibre.
El expediente detalla, que la red criminal también incursionó en la distribución, comercialización y venta de armas de fuegos ilegales, así como de accesorios de las mismas y municiones.
El Ministerio Público le asignó al caso la calificación jurídica provisional contenida en los artículos 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 75 Párrafo I, de la Ley No. 631-16, del 2 de agosto del 2016, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, violación a la Ley 168-21, del Régimen Aduanal, que tífica y sanciona el delito de aduanero, faltas tributarias, faltas aduaneras, la defraudación aduanera y el contrabando.
También, la violación a los artículos 3 numerales 3, 4 y 5, numerales 1, 2, y 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento Terrorista, y violación a los artículos 265 y 266, del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, en perjuicio del Estado dominicano, por existir suficientes evidencias que comprometen su responsabilidad penal.
