El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, abogó este lunes por enfrentar la criminalidad de forma integral, centrándose en alternativas a la privación de libertad y en los esfuerzos para la reinserción social de la persona infractora.
Molina se expresó en esos términos al participar en su condición de secretario general pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana en el taller regional Hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria frente a delitos menores de drogas: un camino hacia la proporcionalidad y alternatividad penal, que se celebra los días 24 y 25 de junio en Barcelona, España.
El evento es organizado por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
«Hoy, nos reunimos con un propósito claro: explorar alternativas que reconozcan la dignidad humana y que sean proporcionales. Es momento de cuestionar enfoques tradicionales y abrirnos a nuevas perspectivas que prioricen la reinserción, el tratamiento y la prevención por encima del castigo», insistió Molina.
Al agotar un turno en el conversatorio sobre Perspectivas integradas para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria en Iberoamérica, Molina sugirió construir y promover un marco legal y operativo que responda de manera justa y eficaz a los delitos y que, a la vez, respete los derechos humanos, promueva la rehabilitación y la reintegración, ante lo que calificó como el populismo punitivo.
«Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del populismo penal y punitivo. Esta inclinación, que busca respuestas rápidas y severas ante la criminalidad, puede parecer efectiva a corto plazo, pero a menudo pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho y los derechos humanos y replica círculos de violencia”, enfatizó.
El taller
Del taller se espera la construcción de un pacto regional para la humanización de la política criminal y penitenciaria, concretado a través del desarrollo y la adopción de estándares básicos que promuevan un enfoque más humano y justo en la gestión de los delitos menores de drogas.
La actividad reunió a actores clave del sistema judicial y penitenciario, incluidos ministerios de justicia, fiscalías, defensas públicas y poderes judiciales de España, Argentina, Colombia Paraguay, Costa Rica, Brasil y República Dominicana; así como organismos regionales e internacionales, con la intención de fomentar un diálogo constructivo y colaborativo que permita la elaboración de políticas criminales más equitativas y efectivas.
